El 95% de los inmuebles en Epazoyucan, incluyendo la presidencia municipal, carecen de escrituras

Epazoyucan enfrenta una grave crisis legal respecto a su patrimonio inmobiliario. De acuerdo con autoridades locales, más del 95 por ciento de los bienes inmuebles que posee el ayuntamiento carecen de escrituras o cualquier documento legal que acredite su propiedad, incluyendo la propia presidencia municipal.

Durante una rueda de prensa, la síndica municipal Luz Elena Estrada expuso que actualmente el gobierno local no puede acreditar la posesión formal de la mayoría de sus 52 inmuebles. Esto impide su uso adecuado en proyectos públicos y los expone a posibles reclamaciones por parte de particulares.

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Entre los espacios señalados se encuentran unidades deportivas, auditorios, canchas de uso múltiple y áreas públicas que fueron entregadas de manera verbal o por simple posesión. Sin un respaldo notarial, el riesgo de perder estos bienes resulta alto, especialmente en zonas con antecedentes de conflictos por tierras o donaciones informales.

La funcionaria aseguró que algunos de estos espacios, como la unidad deportiva de Santa Mónica, el auditorio municipal o las canchas en desarrollo, necesitan trámites específicos con los núcleos ejidales para definir la legitimidad de su transferencia. En varios casos, el municipio solo cuenta con testimonios orales como “prueba de donación”.

Actualmente, se lleva a cabo un análisis detallado de cada bien inmueble. La administración trabaja en procesos legales y notariales que buscan otorgar certeza jurídica a estos espacios, protegerlos y evitar que queden fuera del control gubernamental. En casos más complejos, como el del Lienzo Charro, ya se inició un juicio para resolver su estatus legal.

Estrada también denunció que, al inicio de la actual administración, los archivos municipales no contenían documentación oficial sobre la propiedad de los bienes. Esto obligó al equipo de gobierno a reconstruir la historia legal de cada inmueble desde cero, en un proceso que implica tiempo, recursos y coordinación con autoridades agrarias y judiciales.

Además, se realizan mesas de trabajo para localizar e identificar físicamente los espacios públicos sin registro formal. El objetivo es integrarlos legalmente al patrimonio municipal y garantizar su conservación y uso social o cultural a futuro.

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