El gimnasio Energy, ubicado en Pachuca, suspendió operaciones a inicios de 2025 sin emitir algún tipo de aviso a sus usuarios. La situación afectó a cientos de personas
El cierre del gimnasio Energy dejó a cientos de usuarios sin servicio y sin reembolso, provocando que se presentaran más de 300 quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Hidalgo, informó su titular, Navor Rojas Mancera.
El gimnasio Energy, ubicado en Pachuca, suspendió operaciones a inicios de 2025 sin emitir algún tipo de aviso a sus usuarios. La situación afectó a cientos de personas, que mantenían contratos vigentes y habían pagado recientemente por renovaciones anuales. Al no recibir respuesta ni reembolso, comenzaron a buscar apoyo institucional.
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Rojas Mancera, titular de la Profeco en Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y San Luis Potosí, informó que recibieron más de 300 quejas contra la empresa, cuya situación legal rebasó los mecanismos conciliatorios de la dependencia.

“El caso ya nos rebasó. Al haberse declarado en bancarrota, el gimnasio Energy superó el ámbito de la conciliación”, explicó Rojas Mancera.
Agregó que, debido a esta situación, el asunto pasó a ser atendido por instancias penales y mercantiles, por lo que quedó fuera del alcance de los procedimientos administrativos de la Profeco.
El funcionario explicó que este problema no se limitó a Pachuca, sino que afectó a usuarios en otras ciudades del país, donde la empresa también operó. La dimensión del conflicto colocó a Energy como un caso de atención nacional por parte de las autoridades federales.
Rojas Mancera destacó que una gran parte de los afectados no leyó los contratos antes de firmarlos. Señaló que aproximadamente 90 por ciento de los consumidores no revisó a detalle los documentos, lo que complicó la defensa legal ante el cierre inesperado del gimnasio.
Quienes presentaron sus quejas lo hicieron buscando una solución directa, pero la Profeco solo pudo recibir las inconformidades como antecedente, ya que la vía conciliatoria resultó insuficiente. La naturaleza del caso impidió intervenir en el ámbito penal mercantil, que ahora sigue su curso.
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