Contraloría de Hidalgo inhabilita a 10 empresas y proveedores; una de ellas se encargó del montaje de Navidad en 2023
Entre los sancionados está la empresa que montó el árbol navideño en 2023 con un contrato de más de 24 millones de pesos
El secretario de la Contraloría estatal, Álvaro Bardales Ramírez, advirtió que si no se cumplen las renuncias, iniciarán procedimientos de responsabilidad
La Secretaría de Contraloría de Hidalgo dio a conocer la cancelación del registro de 10 proveedores y contratistas del padrón del gobierno estatal por un periodo de cinco años, según lo publicado mediante una circular en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH).
Uno de los proveedores sancionados fue Argel Fernando Rodríguez Hernández, quien, en diciembre de 2023, estuvo a cargo del montaje del árbol y sets navideños por un monto de 24 millones 798 mil 480 pesos, y quien, en el 2024, también adquirió contratos con la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH).
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¿Con qué empresas ya no trabajará el gobierno de Hidalgo?
Asimismo, otros proveedores y contratistas del gobierno de Hidalgo sancionados fueron: Servicios Inmobiliarios Iroa, S.A. de C.V., dedicada a brindar servicios de limpieza en Ciudad de las Mujeres en 2023; Pontones & Ledesma, y Trippred Technologies S.A. de C.V., empresa que fue auditada por la Contraloría estatal por irregularidades encontradas en diferentes cotizaciones realizadas por el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo (Cobaeh).
También, fueron sancionadas las empresas DGR Im Pulzo, S.A. de C.V.; Consorcio Handel&Bauen Comercio y Edificación S.A. de C.V.; Comerciales Trisler S.A. de C.V.; Comercializadora Idsart S.A. de C.V., firma que fue beneficiada con contratos en 2022 y 2023 con la Policía Interbancaria del Estado de Hidalgo (PIBEH) y la Comisión Estatal de Vivienda (CEVI), respectivamente.
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Finalmente, dos proveedores que resultaron sancionados por cinco años fueron Violeta Belén González Tapia, quien en 2023 celebró diferentes contratos con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y José Enrique Pineda Carrasco.
De acuerdo con la publicación, tanto dependencias de la administración pública estatal como organismos públicos autónomos y ayuntamientos deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público con dichos proveedores y contratistas por un periodo de cinco años.
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