Se verificaron 445 unidades vehiculares pertenecientes a las instituciones educativas
La Secretaría de Contraloría intensifica la supervisión de centros educativos, institutos y universidades con el objetivo de asegurar la adecuada utilización de los recursos destinados a este sector. Esta labor es crucial para mantener la transparencia y eficiencia, además de garantizar la rendición de cuentas, informó.
Recientemente, la Coordinación de Contralores y Comisarios llevó a cabo supervisiones simultáneas en 29 centros educativos: cinco instituciones, cinco centros de subsistemas de educación media superior, dos universidades estatales, tres institutos tecnológicos, seis universidades politécnicas y ocho universidades tecnológicas del estado.
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Durante estas revisiones se verificaron 445 unidades vehiculares pertenecientes a las instituciones educativas. Los resultados de estas inspecciones revelaron diversas irregularidades en el manejo y estado de los vehículos utilizados.
En concreto, se identificaron 77 observaciones, de las cuales el 21 por ciento correspondía a unidades sin bitácora de recorrido o con bitácoras incompletas y erróneas, 14 por ciento carecía de verificación vehicular, el 13 por ciento no contaba con mantenimiento adecuado, 12 por ciento presentaba algún tipo de daño y el 10 por ciento estaba fuera de uso o no contaban con placas vigentes.
El restante 20 por ciento de las observaciones se distribuyó entre vehículos sin pólizas de seguro, unidades con reporte de robo o siniestradas, con problemas relacionados con las pólizas de seguro, sin equipos de seguridad adecuados, resguardos incorrectos, falta de títulos de propiedad, ausencia de logotipos institucionales y ausencia de contratos de comodato.
Ante estas irregularidades, la Secretaría de Contraloría notificó a los rectores y titulares de las instituciones educativas que tuvieron inconsistencias para que, en un plazo máximo de 15 días, procedan a subsanarlas.
Este requerimiento debe ser atendido por los responsables de las áreas administrativas o del parque vehicular, según corresponda. De no cumplirse con las correcciones necesarias en el tiempo estipulado, se iniciará un proceso administrativo contra aquellos funcionarios que hayan omitido sus obligaciones.