Para la realización de dos consultas a los pueblos y comunidades indígenas del estado y una para las personas con discapacidad, que fueron invalidadas o tuvieron observaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Congreso de Hidalgo gastó por lo menos 15 millones 214 mil 800 pesos, en procesos que fueron realizados durante la Legislatura actual y la pasada.
En lo que respecta a los hechos de la LXV Legislatura, de acuerdo con el contrato específico para la consulta a comunidades originarias que fue realizada en 2022, se erogaron 9 millones 720 mil 800 pesos, los cuales fueron pagados a la empresa SEAP Consultores, en un proceso de licitación pública nacional que fue organizado mientras el diputado Jorge Hernández Araus era presidente de la Junta de Gobierno.
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De acuerdo con declaraciones del diputado Miguel Ángel Martínez Gómez, presidente de la Primera Comisión Permanente para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Congreso, la firma mencionada deberá reponer las tres etapas que fueron invalidadas por la máxima corte del país, mientras que tres partes de dicha consulta no tuvieron observaciones.
Por otro lado, también bajo la administración del asambleísta Jorge Hernández, coordinador de la bancada de Morena, se contrató en 2022 nuevamente a SEAP Consultores por 2 millones 494 mil pesos, a través de una licitación, para llevar a cabo una consulta a personas con discapacidad, con la finalidad de garantizarles postulaciones a cargos de elección popular, la cual también recibió observaciones por parte de la SCJN.
Otro intento de realizar una consulta a las comunidades indígenas se realizó en 2019, en la Legislatura anterior, cuando era presidente de la Junta de Gobierno el morenista Ricardo Baptista González, que también fue invalidada por el máximo órgano de justicia en el país por considerar que no se llevó a cabo de forma correcta.
Aunque no hay contratos o documentos oficiales al respecto disponibles en el apartado de Transparencia del Congreso, de acuerdo con información proporcionada a medios de comunicación a finales de 2020, el entonces presidente de la Junta de Gobierno, Asael Hernández Cerón, detalló que dicho proceso de consulta, llevado a cabo con los recursos humanos del Poder Legislativo, tuvo un costo aproximado de 3 millones de pesos, a pesar de que no se contrató a una empresa específicamente para su realización.
Irving Cruz | Pachuca
