El comité jurídico advierte sobre posibles reclamaciones por daños y perjuicios en caso de frenar eventos de forma arbitraria, pues contraviene criterios de la SCJN

El Congreso del Estado de Hidalgo pospuso el dictamen sobre la iniciativa contra las corridas de toros | Foto: Especial
En medio de la discusión en Hidalgo sobre la posible prohibición de las corridas de toros y la reciente promoción de un amparo para frenar un evento en Pachuca, el presidente del Comité Jurídico de Tauromaquia Mexicana, Raúl Pérez Johnston, aseguró que esta práctica se mantiene como una actividad legal en la entidad y con respaldo en el marco jurídico vigente.
En entrevista con Criterio, el representante de la asociación declaró que las corridas de toros en la entidad están reguladas por distintos ordenamientos y respaldadas incluso como patrimonio cultural inmaterial. “La tauromaquia es una actividad cultural, tradicional y legal en el estado de Hidalgo”, afirmó.
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El posicionamiento ocurre luego de que una organización animalista promoviera un amparo para intentar frenar un evento taurino programado en Pachuca, en un contexto donde también permanece sin resolverse una iniciativa en el Congreso de Hidalgo para prohibir estas prácticas, con más de un año sin emitir un dictamen.
Desde el enfoque jurídico, el abogado advirtió que cualquier intento de prohibición desde el ámbito estatal podría resultar inconstitucional, debido a que, tras la reforma al artículo 4 de la Carta Magna en materia de bienestar animal, corresponde al Congreso de la Unión emitir una ley general que defina los alcances de la regulación.
En ese sentido, consideró que las legislaturas locales deben esperar dichos lineamientos antes de dictaminar respecto a las corridas de toros, por lo que calificó como “precipitada” cualquier reforma en la materia.

Sobre los amparos promovidos por asociaciones animalistas, admitió que las suspensiones que se han otorgado en algunos casos son contrarias a criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al tratarse de una actividad legal, hasta ahora.
Incluso, advirtió que estos procesos podrían derivar en reclamaciones por daños y perjuicios en caso de resolverse a favor de los organizadores de las corridas de toros.
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En cuanto al debate sobre maltrato animal, el especialista jurídico argumentó que la legislación distingue entre distintos tipos de animales según su función y que, en el caso del toro de lidia, su uso en espectáculos públicos se encuentra dentro de un marco regulado, por lo que, bajo esas condiciones, no se configuraría como tal.
Más allá del ámbito legal, señaló que una eventual prohibición a las corridas de toros tendría impacto no solo económico, sino también cultural, al afectar tradiciones arraigadas en diversas regiones del estado.
Finalmente, aseveró que Hidalgo se mantiene como una de las entidades con mayor tradición taurina en el país, por lo que lo consideró un “bastión” en la defensa de esta práctica frente a los intentos por restringirla.
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