Aguarda PGJEH la deportación de Estados Unidos del excontralor de Hidalgo
De acuerdo con la procuraduría estatal, el asunto está en manos de las autoridades migratorias de Estados Unidos
El exfuncionario estatal César N fue detenido por la Interpol el 28 de mayo en Miami, Florida
A casi dos semanas de la detención del excontralor de Hidalgo, César N, en Miami, Florida, Estados Unidos, su llegada a México para ser puesto a disposición de la justicia todavía es incierta, pues se encuentra en manos de autoridades migratorias de aquel país, pendiente de su deportación.
Por temas sobre su deportación, es la razón por la que el exfuncionario estatal todavía no arriba a territorio hidalguense para ser juzgado por el presunto desvío de más de 520 millones de pesos durante su gestión en la Contraloría estatal.
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Así lo informó la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), ente que será el encargado de la acusación en su contra.
César N fue detenido el pasado 28 de mayo en Miami, tras estar prófugo de la justicia por dos años y luego de algunas anomalías en la compra de una casa y un automóvil, declaró el gobernador Julio Menchaca Salazar.
¿De qué se le acusa a César N?
El excontralor hidalguense enfrentaba tres órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de amenazas, peculado y uso ilícito de atribuciones, además de un proceso civil por extinción de dominio y una inhabilitación administrativa de un año para ocupar cargos públicos en México. Además, acumuló cargos penales y administrativos por corrupción y omisiones patrimoniales.
La situación jurídica del exfuncionario comenzó a complicarse desde abril de 2023, cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) informó que un juez había girado la primera orden de captura en su contra, bajo la causa penal 54/2023. Esta acción derivó en la activación de la ficha roja A-2291/3-2023 de Interpol, misma que permitía su búsqueda internacional.
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Además de ese proceso, está vinculado con la llamada Estafa Siniestra, una red de desvío de recursos públicos que involucró a presidentes municipales, funcionarios y empresas fachada, de la que se cree es el artífice principal.
En su caso, se le señaló por su presunta participación en el desvío de 522 millones de pesos, lo que generó dos órdenes de aprehensión adicionales por delitos graves de corrupción.
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