Se registra desabasto de insumos médicos en las tres clínicas del sector público de la ciudad donde se realiza el procedimiento

Las activistas consideraron que la carencia de insumos no es un error administrativo | Foto: Especial
A cuatro años de que el Congreso de Hidalgo despenalizó el aborto, activistas de la entidad manifestaron que se registra desabasto de medicamento en las tres clínicas del sector público de Pachuca donde se realiza la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de gestación.
En el marco de la conmemoración del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, en la explanada de la plaza Juárez, en Pachuca, Beatriz Adriana Vargas Peláez, integrante de la Red Hidalguense de Defensoras por el Acceso al Aborto, consideró que la carencia de medicamentos no es un error administrativo, sino una “expresión de violencia institucional” que pone en riesgo la salud y vida de niñas, adolescentes y mujeres.
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Acompañada de otras activistas, Vargas Peláez destacó que negar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo es perpetuar desigualdades y condenarlas a procedimientos inseguros.
Si bien, en Hidalgo, desde 2021 el aborto es legal hasta las 12 semanas, el IMSS-Bienestar ha incumplido con su responsabilidad de garantizar el abasto de insumos médicos para realizar el procedimiento, lamentaron las activistas.
“Incluso, han solicitado a la población la donación de medicamentos, lo que representa una irresponsabilidad inadmisible del Estado”, dijeron.

Ante ello, las activistas demandaron que se garantice de manera “urgente” la cobertura de medicamentos en las unidades de salud.
Plantearon que es incongruente el uso de recursos públicos a nivel estatal, ya que, mientras el gobierno destinó recursos económicos para la colocación de vallas metálicas el 8 de marzo pasado, las clínicas continúan sin medicamentos básicos.
“Este 28 de septiembre marchamos juntas, con convicción y memoria, para exigir que el derecho a decidir en Hidalgo sea una realidad efectiva, no una promesa incumplida”, señalaron.
Las activistas indicaron que las poblaciones indígenas, migrantes, en situación de calle o con discapacidad resienten aún más las fallas, en este caso del desabasto, pues su condición económica las mantiene atadas al apoyo institucional.
En ese sentido, manifestaron que negarles el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo es perpetuar desigualdades y condenarlas a procedimientos inseguros.
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