Para el sector salud, 2015 inició con un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que revelaba la contratación de médicos sin cédula profesional y culminó con una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) por una negligencia médica que derivó en una muerte materna.

En el intermedio, la Secretaría de Salud (SSH) indemnizó, luego de cinco años, a la familia de una recién nacida que falleció también por mala praxis de una ginecóloga que sigue fugitiva y es parte de los más buscados de la entidad.

El pasado 30 de noviembre, la CDHEH envió la recomendación R-VG-007-15 a Geraldina García Gordillo, titular de los Servicios de Salud, por una negligencia en el Hospital Obstétrico de Pachuca que culminó en el deceso de una menor de 17 años.

El organismo autónomo documentó que a la adolescente le extirparon la matriz y fue trasladada semiconsciente al Hospital General, donde murió. Sin embargo, el certificado de defunción calificó el hecho como “muerte natural”.

El departamento jurídico de la SSH analiza la recomendación y, tras ello, definirá sanciones para el personal que por acción u omisión propició el deceso, informó la dependencia.

En julio pasado, García Gordillo, quien asumió el cargo en la secretaría el 26 de enero tras la renuncia de Pedro Luis Noble Monterrubio para ser candidato a diputado federal, anunció que, tras cinco años, la familia de la recién nacida que por negligencia en el diagnóstico fue declarada muerta por personal del Hospital General de Tulancingo y estuvo a punto de ser sepultada con vida –aunque finalmente falleció al no tener atención adecuada en los servicios funerarios– recibirá una indemnización económica como parte de la reparación del daño.

El caso ocurrió en agosto de 2010, cuando Jenny Denisse Gijón Heredia, quien había sido contratada de forma irregular por el médico Darío de Jesús Dávila, titular de la plaza de ginecólogo en el Hospital de Tulancingo, asistió el nacimiento de Dafne Marisol, una pequeña de seis meses de gestación que, minutos después, fue declarada muerta por la misma galena.

Sin embargo, un movimiento dentro del féretro en el que el cuerpo fue entregado permitió que una tía de la menor se percatara de que Dafne Marisol seguía viva, lo que generó una movilización médica que, no obstante, fue insuficiente para salvar a la bebé.

Jenny Gijón se encuentra prófuga y, en 2011, fue incluida por la Procuraduría General de la República (PGR) como una de las diez mujeres más buscadas del país.

“No hay dinero que alcance para recuperar una vida, subsanar una omisión de ese tamaño, pero la Ley de Víctimas nos señala que es importante la atención. Es el único que queda pendiente por liquidación”, dijo en ese momento la secretaria de Salud, quien no precisó en cuántos casos más han indemnizado a personas por negligencia médica ni los montos erogados en ello.

Incluidos estos casos, son 94 muertes maternas ocurridas en unidades públicas y privadas del estado que la SSH ha notificado al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en los últimos cinco años.

En 30 de los casos se presentaron quejas ante la CDHEH por probable negligencia médica que derivó en el deceso de la madre y/o el producto.

Cuarenta de las 94 muertes sucedieron en el Hospital General de Pachuca, indicó a Criterio la Unidad de Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo, en respuesta a la solicitud 00171015.

En marzo de este año, Criterio reveló que, según el Informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la cuenta pública 2013, los Servicios de Salud del estado pagaron 657 mil pesos a 18 trabajadores de la rama médica y paramédica que no acreditaron el perfil de la plaza contratada, al no disponer de la Cédula Profesional o el registro ante la Dirección General de Profesiones (DGP) de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Entre las irregularidades que encontró el órgano fiscalizador en el ejercicio ese año, cuando la dependencia estatal estuvo a cargo del hoy legislador Noble Monterrubio, está que el Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) destinó recursos a acciones de promoción y prevención de la salud por 242 millones 73 mil pesos.

No obstante, la auditoría reclama que 4 millones 414 mil 738.87 pesos de este presupuesto, que presume como daño al erario público, no fueron destinados a estos rubros, aunado a que la SSH no ha podido justificar en qué fueron empleados.

Otra anomalía es que de una muestra de 190 recetas médicas expedidas en 19 Centros de Salud y en una Unidad de Asistencia a la Salud, observó que 153 recetas presentan inconsistencias, entre las que destacan las siguientes: falta del número de folio, fecha de expedición, el número de póliza de afiliación de los beneficiarios, nombre del paciente, nombre del médico, cédula profesional del médico, nombre de la institución que expidió el título profesional, así como su expedición a la población no beneficiaria del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS).