Si el gobierno mexicano de AMLO consuma una reforma constitucional que frene la participación de la iniciativa privada en el sector eléctrico, iría en contra de los compromisos adquiridos en el Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), coincidieron abogados y exnegociadores del acuerdo.
El T-MEC -cuyas negociaciones iniciaron en el gobierno de Enrique Peña- fue avalado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y representantes de su gobierno. En diciembre de 2019, firmó con los gobiernos de EU y Canadá el Protocolo Modificatorio del mismo.
Especialistas indicaron que si México hace modificaciones constitucionales, enfrentaría controversias, arbitrajes internacionales y demandas por daños, también en el marco del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), indicaron.
En ambos acuerdos existe un principio llamado ratchet, donde no se permite que una vez liberalizado un sector, se vuelva a cerrar o regresar al punto antes de su liberalización, detalló Mónica Lugo, exnegociadora de ambos pactos.
Kenneth Smith, exjefe negociador del T-MEC, dijo que en el artículo 32.11 de este tratado, México se comprometió a no imponer medidas más restrictivas que las que se impusieron en los demás acuerdos que México ha firmado, como el TIPAT.
En el TIPAT se otorgó el acceso que dio la reforma energética de 2013, apuntó.
“No puede echarse para atrás la reforma energética sin violar el T-MEC, TIPAT y la nueva versión del Tratado con la Unión Europea (que todavía no entra en vigor)”, advirtió Smith, actual socio en Argon.
“Desde el punto de vista internacional, no puedes simplemente cambiar tu Constitución para darle vuelta a un compromiso del tratado”, agregó Juan Antonio Dorantes, socio director de Dorantes Advisors.
Ante las suspensiones decretadas por algunos jueces en contra de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, aprobada hace unas semanas, AMLO, advirtió que, de prosperar esas decisiones judiciales, optaría por promover una reforma constitucional.
Incluso ya ha señalado que el artículo 8.1 del actual Tratado con EU y Canadá, donde se reconoce el dominio y la propiedad inalienable de México sobre los hidrocarburos, le protege para una reforma constitucional sin contrariar el acuerdo trilateral.
Al respecto, Juan Carlos Baker, exsubsecretario de comercio, dijo que el capítulo 8 no tiene qué ver con la parte de electricidad, pues sólo aplica para temas de hidrocarburos, y tampoco alcanza para justificar la modificación a la Ley de la Industria Eléctrica.
Cesar Esteban Flores Rodríguez
Agencia Reforma
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