La discusión en la Suprema Corte sobre la prisión preventiva forzosa en México se quedó a medias.
Ayer, cuatro Ministros rechazaron aprobar el proyecto que busca eliminar la prisión obligatoria.

Lo anterior implica que el proyecto no tendrá los ocho votos necesarios en la parte que propone dejar de aplicar, por violar derechos humanos, el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución, que contempla 16 delitos a los que aplica la prisión preventiva “oficiosa”.

La decisión final se conocerá hasta hoy, luego de saber la posición de otros seis ministros

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha presionado a la Corte para no limitar la
prisión preventiva.

En el inicio de la discusión, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Alberto Pérez Dayán rechazaron el proyecto que propone que la Corte pueda inaplicar la Constitución.

Esquivel defendió la decisión del Constituyente de contemplar la prisión preventiva oficiosa, ante el panorama generalizado de delincuencia, y advirtió que suprimir esta figura implicaría dejar a la sociedad a merced de las bandas del crimen organizado.

Sin embargo, en la última intervención del día, el ministro Juan Luis González Alcántara abrió la posibilidad de una opción menos radical: que la Corte aclare que prisión preventiva “oficiosa” no quiere decir prisión preventi-
va “automática”.

Esta propuesta implicaría establecer que los jueces siempre tienen que estudiar de oficio si imponen prisión preventiva, sin que lo pida la fiscalía, pero valorando las condiciones de cada caso.

El ministro Luis María Aguilar abrió la sesión y, al presentar el proyecto a discusión, dijo que no pretende eliminar la prisión preventiva, sino dejarla como una medida cautelar que se tiene que justificar en todos los casos, sin que pueda aplicar en automático a ciertos delitos.

Más allá del debate sobre el artículo 19, para lo que sí podría haber mayoría de ocho votos es para anular la reforma de noviembre de 2019, impulsada por el gobierno, que ordenó prisión preventiva por emisión de facturas por servicios inexistentes, así como contrabando o fraude fiscal por más de 8.7 millones de pesos, delitos que fueron calificados como “amenaza a la seguridad nacional”, pero no aparecen en el catálogo de
la Constitución.

Abel Barajas
Agencia Reforma