Consulta taurina llega a tribunales en Hidalgo; buscan tumbar decisión del Congreso local
Activistas argumentan que derechos fundamentales no deben someterse a consulta pública
Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo analizará impugnación a consulta taurina | Foto: Saúl Hernández
La disputa por el futuro de las corridas de toros en Hidalgo, así como la consulta popular que de ello emana, ya no solo escaló al área legislativa ni civil, pues ya también se encuentra en terreno jurídico.
Luego de las protestas y manifestaciones realizadas en Pachuca contra la consulta ciudadana aprobada por el Congreso local, integrantes de organizaciones animalistas anunciaron que ya promovieron un procedimiento ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH) para intentar frenar el proceso.
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La acción fue confirmada por Ángel Daén Morales García, vicepresidente de Biofutura AC, quien aseguró que los documentos fueron ingresados desde el pasado viernes 22 de mayo, es decir, un día después de que fue avalada la consulta, con el objetivo de que el órgano judicial analice la constitucionalidad del mecanismo aprobado por los legisladores.
De acuerdo con el activista hidalguense, el argumento central es que temas relacionados con derechos fundamentales no deberían someterse a consulta pública.
“Los derechos que se encuentran en una Constitución como un pacto político no se pueden consultar, porque son los mínimos elementos requeridos para que una sociedad pueda funcionar”, señaló.
¿Por qué las organizaciones animalistas llevan al TSJEH la consulta sobre corridas de toros?
El representante legal de la organización animalista aseguró que el ejercicio aprobado por el Congreso local vulnera principios constitucionales y derechos vinculados con la protección animal, por lo que solicitaron a la presidencia del TSJEH revisar la legalidad de la medida.
Morales García explicó que el órgano jurisdiccional cuenta con un plazo aproximado de 20 días para analizar el caso y emitir una determinación, aunque advirtió que, en caso de una resolución desfavorable, ya contemplan nuevas acciones legales.
Entre ellas se encuentran la promoción de juicios de amparo e incluso la posibilidad de impulsar otros mecanismos jurídicos y políticos para intentar detener el proceso.
“No queremos más ni favores; queremos que se apeguen al marco constitucional, que nadie esté por encima de la Constitución”, sostuvo.
Con ello, el debate dejó de estar únicamente en las calles y el Poder Legislativo, pues ahora la discusión también se trasladará a los tribunales de justicia.
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