Por cuatro votos contra tres, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmaron la investigación del INE por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña de la elección presidencial de 2024 de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
Sheinbaum había impugnado la admisión a trámite por parte de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), así como el cuestionario que le envió, por considerar que la inducían a autoincriminarse sobre distintas participaciones en eventos públicos.
A propuesta del ponente Felipe Fuentes, los magistrados Reyes Rodríguez, Felipe de la Mata y Janine Otálora desestimaron las razones alegadas por la funcionaria.
Sheinbaum interpuso un recurso contra el procedimiento del INE a través del director de Servicios Legales del Gobierno de la ciudad de México y representante legal para la defensa jurídica de los intereses de la administración.
Al defender su proyecto, el magistrado Fuentes hizo notar que los requerimientos a Sheinbaum fueron dirigidos en su calidad de Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
El requerimiento impugnado, se recordó en la sesión, demandaba de la Mandataria capitalina que precisara su asistió a diversos eventos públicos que fueron denunciados por algunos partidos políticos; que informara el motivo de su asistencia y la participación que tuvo en ellos; que precisara si emitió declaraciones y estableciera si tiene pensado contender por una candidatura a la Presidencia de la República.
Fuentes precisó el contexto electoral en el que se dio la denuncia que planteó que la funcionaria se ha estado distrayendo de su función pública con presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, y consideró que se le requirió información en su calidad de ciudadana y servidora pública.
“Con la información que se obtuviera ( la autoridad electoral ) estaría en condiciones de reemplazar a las partes”, expuso.
Es un momento intraprocesal donde la información es necesaria y no entregarla podría dar lugar a una amonestación.
En contra del proyecto votaron los magistrados Indalfer Infante y José Luis Vargas, quien propusieron su desechamiento, por considerar que carecía de legitimidad legal el representante jurídico de la Mandataria capitalina, pues era un proceso que se debería seguir en su calidad de ciudadana y no de servidora pública.
El intercambio de opiniones entre los magistrados se centró en asuntos formales sobre la legitimidad o no del representante jurídico de la jefa de gobierno que interpuso el recurso y no en el fondo del trámite, y se alegó que era solo parte de un proceso en marcha, intraprocesal que sigue en marcha.
Infante incluso sugirió adoptar un criterio para que esos procedimientos se continúen con impugnaciones a Sheinbaum como ciudadana y no como servidora pública, y destacó las implicaciones de esta decisión.
De ser así, las autoridades electorales podrían sancionarla y como servidora pública solo se daría vista a su superior jerárquico.
La magistrada Mónica Soto, que votó contra la confirmación, expuso que la forma en que se redactó el requerimiento a Sheinbaum produce efectos jurídicos respecto de la recurrente y podría implicar la vulneración de sus derechos sustantivos a la no autoincriminación y presunción de inocencia.
Guadalupe Irízar
Agencia Reforma
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