Aprovechando el confinamiento sanitario por la contingencia del coronavirus (Covid-19), el crimen organizado en México adoptó el modelo Ndrangheta de la mafia italiana, en el que, además de hacer tráfico de drogas, ha fortalecido la creación de compañías fantasma para lavar el dinero, entre las que destacan empresas de arquitectura, bienes raíces, joyería y consultorías que ejecutan transferencias millonarias y que, posteriormente, no coinciden con su declaración fiscal, afirmó el Raúl Sapién Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP).
El sistema implementado por cárteles mexicanos tiene su origen en San Luca, Italia, y etimológicamente significa lealtad y valor (andragathia). Está basado en una sociedad por órdenes jerárquicas estrictas y vínculos consanguíneos que hace poco probable que alguien traicione a la organización, lo que ha reforzado este tipo ilícitos, haciendo del lavado de dinero la principal fuente de financiamiento de las organizaciones criminales.
De acuerdo con la Fundación Internacional Insight Crime, se estima que los cárteles introducen al país entre 19 mil y 29 mil millones de dólares anuales, por lo que Sapién Santos considera que no solo se les debe combatir por la fuerza, también es necesario que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría (UIF) de Hacienda congele sus fuentes de recurso.
Actualmente, la UIF, dirigida por Santiago Nieto Castillo, inició un trabajo anticorrupción contra organizaciones como la de Jalisco Nueva Generación (CJNG); incluso, contra ha detectado a exfuncionarios de la administración anterior vinculados al lavado de dinero y peculado como César Duarte, exgobernador de Chihuahua, quien recientemente fue detenido en la ciudad de Miami, Estados Unidos.
Pese a que 22 estados de la República cuentan con presencia de este tipo de asociaciones, es importante dejar de ver al crimen organizado solo como las organizaciones que se dedican a la venta de drogas, pues estas estructuras también están vinculadas al secuestro, extorsión, explotación sexual, tráfico de órganos y blanqueamiento de fondos, sostuvo Sapién Santos.
“Es necesario que se genere un trabajo articulado por parte del gobierno federal, estatal y municipal para detectar en qué estructuras del Estado y empresas se ha infiltrado el crimen organizado”, comentó.
Otro aspecto fundamental en las labores de combate al crimen es hacer a un lado los temas políticos y partidistas, pues las instituciones se han politizado y, según dice el experto: “No existe una continuidad en las acciones ni en las políticas públicas contra los criminales, pues cada seis años hay una ruptura con los sistemas policiales y se crean nuevos mandos, dejando a un lado la capacitación de nuestras policías estatales y municipales, mientras que la delincuencia cada sexenio se renueva y se vuelve más organizada”.
Agregó que, con la trasnacionalidad del lavado de dinero, el gobierno federal deberá interceptar los movimientos financieros de los grupos delincuenciales y hacer valer programas como la Iniciativa Mérida, cuyo objetivo radica en prevenir el crimen y la violencia en el país, así como continuar con el trabajo de la UIF.
Redacción
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