La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional, por seis votos contra cinco, la figura de los superdelegados, creados para operar en los estados los programas sociales del actual gobierno.

La ministra Loretta Ortiz rompió ayer el empate que se registró la semana pasada en el pleno de la Corte, cuando cinco de sus compañeros apoyaron un proyecto que declara la invalidez de las llamadas Delegaciones de Programas para el Desarrollo, que están adscritas a la Secretaría de Bienestar, pero dependen directamente del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Otros cinco ministros votaron por la validez de esta reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, vigente desde el primer día de este sexenio, y Ortiz, nominada a la Corte por López Obrador, se sumó ayer a este grupo para integrar la mayoría.

Los superdelegados ya no estaban en peligro de ser anulados, pues para ello se requerían al menos ocho votos.

Pero el voto de Ortiz servirá para que la sentencia incluya un pronunciamiento de que la figura de los superdelegados es constitucional, mismo que solo requiere mayoría de seis ministros, pues si hubiera votado por la invalidez, el caso se hubiera desestimado sin pronunciamiento de la Corte.

La semana pasada, la minoría sostuvo que el problema no es la posible invasión de atribuciones estatales, sino a otras dependencias federales, pues los superdelegados pueden operar toda clase de programas
del gobierno.

Sin embargo, la mayoría rechazó que existan esta clase de vicios y afirmó que está claro que los superdelegados solo están facultados para operar programas federales, sin invadir atribuciones de los gobiernos locales.

La Corte también había avalado, en cinco votaciones, otras reformas a la Ley de la APF, que fueron solicitadas al Congreso por López Obrador antes de su toma de posesión en diciembre de 2018.

Víctor Fuentes
Agencia Reforma