Ante la inacción de las autoridades, las extorsiones del crimen organizado están imparables en el país e igual afectan a empresarios y comerciantes que a transportistas, agricultores y hasta ambulantes.

Vendedores de un tianguis de Celaya, Guanajuato, que aglutina 350 puestos, tienen que pagar de 5 mil a 8 mil pesos mensuales a los criminales para que los dejen trabajar.

“No hay salida; si no pagas, te mueres”, dijo un comerciante, que pidió el anonimato.

Locatarios del mercado de abastos de esa ciudad denunciaron que los delincuentes los obligan a depositar mil pesos a la semana.

En el Estado de México, transportistas de diferentes rutas en Ecatepec, Coacalco, Naucalpan, Tecámac y Neza reconocieron que pagan a grupos delictivos entre 50 y 200 pesos diarios por unidad. Si no pagas, dijo un conductor, te amenazan con quemar los automóviles o matar a los trabajadores de la ruta.

En el barrio de Tepito, en la Ciudad de México, los ambulantes pagan una cuota de 50 pesos diarios por metro cuadrado.

Aguacateros y limoneros de la región de Tierra Caliente, de Michoacán, revelaron que les piden de 500 a 5 mil pesos, dependiendo del volumen de sus cargas, por dejarlos comercializar sus productos desde Tepalcatepec, Aguililla, Buenavista y Apatzingán.

En la Sierra Gorda de Querétaro, organizaciones criminales piden a constructores montos que van de los 50 mil a los 200 mil pesos para permitir el desarrollo de obras.

Comerciantes de la Central de Abastos de Oaxaca pagan mil 500 pesos al mes por la venta de tomate, jitomate y algunas hortalizas, mientras que a transportistas y comerciantes poblanos les cobran de 200 a 500 pesos cada que realizan cargas y descargas en San Martín Texmelucan.

El Cártel Independiente de Acapulco y Los Rusos exigen a transportistas de Guerrero entre 100 y 200 pesos a la semana, mientras que empresarios y comerciantes del puerto deben pagar de mil a 3 mil pesos, dependiendo del giro comercial.

Para María Elena Morera, directora de la organización civil Causa en Común, es cínica la forma en que los delincuentes cobran las extorsiones y obedece a la falta de seguridad por parte de autoridades.

Rolando Herrera | Agencia Reforma