Una juez federal suspendió en forma temporal la nueva orden de aprehensión girada en contra de Guillermo Álvarez Cuevas, exdirector de la Cooperativa La Cruz Azul, por una presunta administración fraudulenta de 2 mil 257 millones 411 mil pesos.
Si bien es favorable, este fallo no implica que el exdirectivo salga de la clandestinidad, pues tiene vigente otra orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero por 114 millones de pesos, el primero de ellos un delito con prisión preventiva de oficio.
María Dolores Núñez Solorio, juez Cuarto de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, concedió la suspensión provisional a Álvarez contra el mandato de captura librado la semana pasada por un juez del fuero común.
“Se concede a Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, la suspensión provisional del acto reclamado, para el efecto de que no sea privado de su libertad personal, con motivo de la orden reclamada”, señala la resolución.
“Se concede a Guillermo Héctor Álvarez Cuevas la suspensión provisional, para el efecto de que no sea presentado por medio de la fuerza pública, con motivo de la orden que se combate; lo anterior hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables sobre la suspensión definitiva”.
La juzgadora le impuso el pago de una garantía para mantener vigente dicha suspensión.
Por este asunto contra el ex directivo, también están prófugos otros nueve ex colaboradores y abogados, entre ellos su hijo Guillermo Robin Álvarez Álvarez; su sobrino Mario Sánchez Álvarez; su ex director jurídico Víctor Manuel Garcés Rojo y el abogado externo de la cooperativa Ángel Martín Junquéra Sepúlveda.
En este asunto también se ordenaron las aprehensiones de Raúl Antonio Enríquez López; Jorge Fernández Rodríguez; Ángel Jiménez García; Armando García Lugo; Noé Calvo Morales y Apolinar Ortiz Hernández.
La imputación refiere que el 2 de junio de 2019 los disidentes de la directiva denunciaron a Álvarez por suscribir un contrato de fideicomiso para arrendarle a Afianzadora CBL Fiducia los bienes, la maquinaria y el equipo de la cementera.
Los querellantes señalaron que este fideicomiso fue maquinado por la directiva “sin contar con las facultades legales ni autorización en asamblea de socios para desfalcar a la Cooperativa”.
A través de esta operación, habrían sido transferido bienes materiales por un valor de más de 2 mil 257 millones de pesos y el arrendamiento tendría una vigencia de cinco años a partir de 2017, con una renta mensual de 667 mil 714 pesos.
“En este sentido, se emitió la orden de captura por el delito de administración fraudulenta, en contra del patrimonio de la Cooperativa La Cruz Azul que, hasta este momento, asciende a la cantidad de 2 mil 257 millones 411 mil pesos”, indicaron.
Abel Barajas
Agencia Reforma
