Alfonso Robles

Nosotros estamos obligados a aclarar este crimen y a evitar que continúen los asesinatos de periodistas y de ciudadanos. Y tenemos confianza porque somos diferentes, somos distintos a los anteriores gobernantes…”.
Esto es parte de lo que dijo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado durante su conferencia de prensa sobre el asesinato en Tijuana, el domingo pasado, de la periodista Lourdes Maldonado, la misma que en la conferencia de prensa del 26 de marzo de 2019 dijo temer por su vida debido a un juicio laboral que había entablado contra quien en diciembre de ese año se convertiría en gobernador de Baja California, el morenista Jaime Bonilla.
Maldonado fue asesinada una semana después de que en la misma ciudad mataron al reportero gráfico Margarito Martínez Esquivel.
Sobre estos dos homicidios que han ocurrido durante su gestión de casi tres meses, la gobernadora morenista Marina Ávila dijo ayer: “Vamos a hacer uso de toda la fuerza del Estado para garantizar que la justicia prevalezca (…) he solicitado al Fiscal General que designe a un fiscal especial para que dé seguimiento a estos casos y puedan ser resueltos lo antes posible…”.
Las palabras de AMLO y Marina son similares a las que antes han pronunciado otros funcionarios, desde presidentes de la República hasta presidentes municipales, pasando por gobernadores, fiscales, procuradores y secretarios o directores de seguridad pública. En todos los casos han prometido que atraparán a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos de periodistas, que esos crímenes no quedarán impunes, que actos tan reprobables estremecen a la sociedad y que no se volverán a repetir.
Lo peor de todo es que prometen dar con los culpables a sabiendas de que la impunidad en estos casos es del 95 por ciento al 99 por ciento.
Desde 1983, que fue el primer año de gobierno neoliberal del presidente Miguel de la Madrid, hasta el día de hoy, han sido asesinados 338 periodistas (es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Periodistas_asesinados_en_México). 
Por sexenio, fueron asesinados 35 en el de De la Madrid, 25 en el de Salinas, 21 en el de Zedillo, 35 en el de Fox, 110 en el de Calderón, 85 en el de Peña Nieto y 27 en lo que va del de López Obrador.
Pese a estos números, ni los gobiernos federal ni estatales han asumido su responsabilidad de resolver tantos homicidios.
Por ejemplo, en El Economista apareció el 22 de octubre de 2021 una nota de Jorge Monroy en donde informaba que “De 92 homicidios de periodistas registrados del 2010 y hasta julio pasado, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) solo reconoció la competencia en 27 de ellos, al asegurar que solo en ese número de casos los crímenes estaban relacionados con la actividad periodística de la víctima (…) En el mismo periodo, indicó la fiscalía, se tiene registro de solo cinco sentencias; una lograda en el 2016 (…) dos en 2020 y dos este año”.
Cinco sentencias significan que solo fueron condenados los responsables del 5 por ciento de los 92 homicidios; impunidad de 95 por ciento.
Tristemente, las promesas de AMLO, Marina y muchos otros son falsas, hipócritas e idénticas a las que hicieron los anteriores gobernantes. Más triste aún es saber que con impunidad seguirán matando a periodistas en México.
Eduardo Ruiz-Healy

Las promesas de los actuales gobernantes son falsas, hipócritas e idénticas a las de los anteriores

Ministros de la Suprema Corte de Justicia suspendieron dos decretos dictados por el exgobernador de Baja California Jaime Bonilla en los últimos días de su gestión, que provocaron controversias del Ejecutivo Federal y del Congreso estatal.
Un decreto, publicado el 1 de octubre, ordena a la Secretaría de Economía estatal otorgar “anuencias” para pesca ribereña y en pequeña escala, para garantizar el “derecho a la alimentación y autodeterminación” de pescadores locales.
El Ejecutivo Federal advirtió a la Corte que este decreto permite la explotación irracional de recursos pesqueros, no respeta las áreas naturales protegidas ni las especies en riesgo, como la vaquita marina y la totoaba, e ignora las normas oficiales y vedas dictadas por dependencias federales.
El ministro Luis María Aguilar suspendió el decreto el 8 de diciembre.
En otro decreto, publicado el 7 de octubre, Bonilla ordenó al Issste de Baja California (IsssteCali) condonar el 99.9 por ciento de los recargos acumulados por cuotas que deben los municipios de Tecate y Ensenada, ambos gobernados por Morena.
Esto equivale a 3 mil de los 5 mil 800 millones de pesos que ambos municipios deben por cuotas de sus trabajadores.
El Congreso estatal alegó que esta orden invadió sus atribuciones, pues era necesaria su opinión previa para la condonación, que afirmó, la Junta de Gobierno del IsssteCali integrada por subordinados de Bonilla, habría aprobado el 13 de octubre.
El 6 de diciembre, el ministro Alberto Pérez Dayán suspendió este decreto, pero matizó que la medida solo tendrá efectos si el acto de condonación no se ha concretado por completo.
Con independencia de las suspensiones, puede pasar más de un año para que el Pleno de la Corte resuelva si los decretos de Bonilla fueron ilegales.
La administración de Bonilla solo duró dos años, pero se las arregló para ser el único gobernador de Morena que en este sexenio ha enfrentado controversias del Ejecutivo Federal.
Víctor Fuentes 
Agencia Reforma

Frenan en la Corte los decretazos de Bonilla

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), que en 2020 ya registró una pérdida de 85 mil millones de pesos, enfrenta este año finanzas aún más golpeadas debido a que estados y municipios incumplen mensualmente con el pago de sus servicios de alumbrado público y bombeo de agua potable.
En los últimos días, se han registrado pronunciamientos públicos por esas deudas millonarias a la empresa que dirige Manuel Bartlett, principalmente en Baja California, Tabasco, Baja California Sur, Quintana Roo, Tamaulipas, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Morelos, Oaxaca, Veracruz y Yucatán.
En Baja California, el mandatario Jaime Bonilla (Morena) retó a demostrar que debían 166 millones de pesos, por lo cual desde finales de septiembre CFE le cortó el suministro eléctrico al acueducto que abastece a Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate y Ensenada.
“No queremos que la sangre llegue al río, pero ellos han cobrado 166 millones de pesos de más”, dijo Bonilla. 
En Tabasco, el gobernador Carlos Merino tuvo que pedir a la CFE una prórroga para que Ayuntamientos como Centro (Villahermosa), Centla, Macuspana y Huimanguillo se pusieran al corriente de  sus pagos.
“Que se revise caso por caso, municipio por municipio, para saber cuál es la situación de los adeudos que heredan los nuevos alcaldes de ésta o de anteriores administraciones”, pidió el 30 de septiembre. 
“Que se pueda realizar una programación de abonos y pagos. No hay en Tabasco la cultura de no pagar”, agregó.
En Acapulco, Guerrero, la alcaldesa Abelina López (Morena) acusó que su antecesora, la también morenista Adela Román, le heredó deudas millonarias, entre ellas la de 780 millones de pesos con la CFE. 
“Recibimos una deuda de 280 millones de pesos, más otros 780 millones que se deben a la CFE”, dijo el 30 de septiembre en su toma de protesta.
En Tepic, Nayarit, la nueva alcaldesa morenista, Geraldine Ponce, acusó en video el 29 de septiembre que le dejaron una deuda de 360 millones de pesos del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA)con CFE.
En Baja California Sur, el gobernador Víctor Castro tuvo que pagar en sus primeros días en el cargo una deuda de 2.4 millones de pesos que el ayuntamiento de Mulegé tenía con CFE, para poder reactivar pozos de agua.
En Quintana Roo, el ayuntamiento de José María y Morelos adeuda 2 millones, reconoció el Edil Erik Borges Yam; en Victoria, Tamaulipas, la deuda es de 90 millones de pesos por parte de la Comisión Municipal de Agua y Alcantarillado, y en Pénjamo, Guanajuato, el edil Juan José García reconoció deber casi 20 millones de pesos, de los cuales ya pagó 3, y el resto los dará en “bonos” a 18 meses.
En Morelos, el alcalde electo de Cuautla, Rodrigo Arredondo, reconoció que tiene una deuda pendiente de 111 millones de pesos por la energía que CFE le proporcionó al Sistema Operador de Agua Potable.
En esa misma entidad, el gobernador Cuauhtémoc Blanco ha negociado con CFE desde septiembre pasado que no le corte el suministro de energía a Cuernavaca, también con deudas; en Coatzacoalcos, Veracruz, el alcalde Víctor Carranza informó que ya sólo le deben 192 millones de pesos a la empresa.
Oscar Uscanga 
Agencia Reforma

Entrega federación inmueble CFE Progreso de Obregón

Pegan adeudos a finanzas de CFE

arivera

La medallista olímpica en Tokio 2020 Aremi Fuentes lamentó que Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, estado donde entrena, haya simulado hace unos días la entrega de un cheque por 50 mil pesos por su bronce en los Juegos Olímpicos pues no le han depositado esa cantidad en su cuenta.
La única mexicana que ganó presea en deportes individuales en Tokio 2020, en el levantamiento de pesas, denunció que las autoridades estatales solo la hayan convocado para colgarse de su resultado y tomarse la foto porque no ha visto nada de ese premio.
<a href="https://twitter.com/AremiFuentes" target="_blank" rel="noopener">Aremi</a> es originaria de Chiapas, pero desde hace casi 7 años entrena en Baja California, entidad que la acogió y que durante el cierre del CDOM por la contingencia sanitaria por la pandemia por Covid-19 la apoyó para entrenar en un espacio específico.
<blockquote class="twitter-tweet" data-width="550" data-dnt="true">
¡Gané una medalla para mi país! 🇲🇽 <a href="https://t.co/Yzf9pwOdZT">pic.twitter.com/Yzf9pwOdZT</a>
&mdash; Aremi Fuentes (@AremiFuentes) <a href="https://twitter.com/AremiFuentes/status/1421910149040586759?ref_src=twsrc%5Etfw">August 1, 2021</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
<blockquote>&#8220;Nos fue entregado un estímulo de 50 mil pesos como reconocimiento a lo que hicimos en Juegos Olímpicos, se hizo la foto oficial, y todo. A la fecha no he visto reflejado el depósito, el cheque no existe&#8221;, dijo Aremi en videoconferencia.
&#8220;A otras medallistas olímpicas de Tokio 2020 sus gobiernos les dieron 150 mil pesos más su sueldo (beca mensual) de 20 mil pesos, mientras yo gano tres mil pesos mensuales más 3 mil 500 de alimentación y llevo desde 2014 representando al estado. Se me hace una burla lo que hicieron, darme un cheque ante los medios y que no exista&#8221;, lamentó.</blockquote>
Fuentes añadió que se le entregaron 24 mil pesos como una especie de compensación, pero la realidad es que este monto corresponde al pago de becas atrasadas y no a un estímulo por su podio de tercer lugar en las tarimas olímpicas japonesas.
Apenas la semana pasada, Aremi Fuentes y el resto de los medallistas en Tokio 2020 recibieron de parte del presidente de Grupo Pachuca, Jesús Martínez, un estímulo de 50 mil pesos, mientras que a algunos de los que ocuparon el cuarto lugar se les entregó 25 mil pesos.
Adrian Alberto Basilio Rodríguez 
Agencia Reforma
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Da gobierno de Baja California cheque sin fondos a medallista olímpica

Federico Escamilla

Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó hoy por notoria improcedencia una acción del Instituto Nacional Electoral para impugnar la extensión de mandato del Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla.
El INE no tiene facultades para impugnar leyes electorales mediante acciones de inconstitucionalidad, de ahí el desechamiento, dictado por el Ministro Fernando Franco.
La decisión no impedirá que la Corte resuelva sobre la llamada Ley Bonilla, pues ya están admitidas a trámite cinco acciones promovidas por partidos políticos, que si pueden impugnar este tipo de leyes, y una más que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
La reforma en Baja California, aprobada después de las elecciones, prolongó de dos a cinco años el período de Bonilla, quien tomó posesión el pasado 1 de noviembre.
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Víctor Fuentes 
Agencia Reforma
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