Si no son capaces de garantizar la seguridad de un registro de obra en tiempos de supuesta soberanía tecnológica, ¿cómo pretenden proteger la complejidad de un territorio en llamas?

Asistimos, con esa mezcla de estupor y resignación tan propia de nuestra idiosincrasia institucional, al naufragio digital de una de las áreas que mejor funcionaban: el Instituto Nacional del Derecho de Autor. En plena efervescencia de convocatorias —esos breves oasis de presupuesto donde el creador se juega la supervivencia—, el registro nacional de obras ha sucumbido ante el asalto de los algoritmos ajenos o la simple desidia técnica. La caída del sistema desde hace más de 20 días no es un error de servidor, es el epitafio de una administración que ha confundido la vanguardia digital con una escenografía de cartón.
El drama se agudiza para quienes, en un acto de fe burocrática, habían iniciado sus trámites semanas atrás. Hoy, esos autores deambulan por un limbo jurídico donde sus certificados no existen y sus datos personales —esa moneda de cambio en la era del hackeo— podrían estar en manos de quien mejor puje en la sombra. Es la vulnerabilidad de la intimidad creativa expuesta por un Estado que exige rigor al ciudadano, pero ofrece fragilidad en sus ventanillas.

Resulta ofensivo el silencio sepulcral de la Secretaría de Cultura y de la recién estrenada Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. ¿Por qué la ausencia de una explicación técnica o política ante el colapso del custodio de nuestra propiedad intelectual? La opacidad no es prudencia, es el refugio de una burocracia que prefiere el mutismo antes que admitir que la arquitectura de su modernidad es un decorado que se desmorona ante el primer viento de crisis. No hay un plan de contingencia, no hay comunicados de certeza, solo un vacío de información que alimenta la sospecha de una exfiltración de datos mucho más grave de lo que se admite.
Esta orfandad no distingue disciplinas. El músico que necesita el registro para gestionar sus regalías y proteger sus partituras o el ilustrador que busca blindar su portafolio frente al saqueo de las inteligencias artificiales generativas hoy se encuentran legalmente desnudos. Sin el sello del Indautor, la obra queda a la deriva, expuesta al plagio en un ecosistema digital que no perdona la lentitud oficial. El Estado, que debería ser el escudo de la propiedad simbólica, se ha convertido en su principal vulnerabilidad, automática metáfora del actual régimen.
Si no son capaces de garantizar la seguridad de un registro de obra en tiempos de supuesta soberanía tecnológica, ¿cómo pretenden proteger la complejidad de un territorio en llamas? La caída de Indautor es el síntoma de una miopía que centraliza el poder, pero socializa la inseguridad. El patrimonio intelectual de México hoy no habita en sus archivos, sino en el vacío de un servidor que nadie sabe cuándo —o si acaso— volverá a encenderse.
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