Legislar en México: el arte de escribir ficciones
Otorgar derechos sin asignar presupuesto no es justicia laboral, es teatro del absurdo con cargo al erario
El Senado de la República, en un arrebato de súbita contricción, ha decidido aprobar una reforma a la Ley Federal del Trabajo para “ampliar los derechos laborales” de quienes habitamos la intemperie del arte. El dictamen, aplaudido desde la gradería legislativa con la euforia de quien acaba de descubrir el hilo negro, ensancha el catálogo de oficios —añadiendo a fotógrafos, guionistas, cineastas y actores de doblaje— e impone la quimera de la seguridad social y el contrato digno en un gremio históricamente habituado a la indigencia.
En el estricto territorio del papel, la iniciativa impulsada por la senadora Susana Harp resulta un loable acto de fe. Constituye —he aquí los pros— un reconocimiento semántico indispensable: la práctica artística abandona por fin la categoría de “pasatiempo” (ese cínico eufemismo estatal para justificar el trabajo gratuito) y se inviste con la gravedad del sudor asalariado. Es, desde luego, un intento por modernizar el caduco capítulo XI de la legislación laboral, acercando nuestra raquítica normativa a los estándares que en otras latitudes protegen la intermitencia del creador.
Sin embargo, en el país de las leyes prístinas y abismos fácticos, legislar es un deporte de fantasía. El estilo de nuestra burocracia obedece a una tradición perversa: decretar la abundancia en medio de la inanición. He ahí los contras. ¿De qué sirve obligar al empleador —que en la gran mayoría de los casos es el propio Estado, asfixiado por estoicos recortes de austeridad— a otorgar seguridad social cuando las instituciones culturales carecen de presupuesto operativo? Estamos ante una reforma de ambiciones nórdicas redactada para una realidad de subdesarrollo atroz.
Recordemos, con la ironía amarga que nos exige la memoria, el caso de la malograda legislación en Ciudad de México que mandató destinar al menos el 1 por ciento del presupuesto local al sector cultural. Aquella cifra, esculpida en el mármol de los buenos deseos, jamás se ha cumplido. Fue un triunfo rotundo de la oratoria legislativa y un fracaso lapidario de la contabilidad pública. En México, la ley rara vez es una norma de observancia estricta; suele ser, más bien, una sugerencia poética, un adorno retórico diseñado para engalanar la vitrina de las campañas electorales.
Aprobar derechos sin dotar de infraestructura financiera a los foros, a las compañías y a los propios creadores independientes equivale a arrojar a los artistas a un estanque vacío exigiéndoles nadar con gracia. Se ensancha el padrón de profesiones amparadas, sí, pero bajo la misma lluvia y sin paraguas. La precarización laboral, nos enseña la dolorosa experiencia, no se erradica vertiendo tinta en el Diario Oficial de la Federación, sino con voluntad de Estado. Celebremos la bella caligrafía de la ley, mientras continuamos velando el cadáver de la taquilla.
ACOTACIÓN: Otorgar derechos sin asignar presupuesto no es justicia laboral, es teatro del absurdo con cargo al erario.
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