Sin el pueblo, en su nombre
La propuesta de reforma electoral planteada por la presidenta de México retrata con claridad la realidad política y económica del país. Lo que hasta hace algunos días se conocía como polarización política ha llegado al punto de la unilateralidad y la discusión militante.
La propuesta de reforma electoral planteada por la presidenta de México retrata con claridad la realidad política y económica del país. Lo que hasta hace algunos días se conocía como polarización política ha llegado al punto de la unilateralidad y la discusión militante.
La instalación de la Comisión Especial que se encargará de la reforma, encabezada por Pablo Gómez, es una instancia del Ejecutivo federal donde solo participan quienes el poder político oficial determine.
De hecho, en el acuerdo que crea la comisión, se establece de manera clara el derecho legítimo de la mayoría a modificar las estructuras de poder y avanzar —según se plantea— “al lado del pueblo” en la construcción de un mejor país.
El mismo decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, afirma: “Se trata de forjar un sistema en el que todos y todas ejerzamos nuestros derechos en libertad y en democracia, y se reconozca como el poder del pueblo”.
No digo que no sea válido —en nombre del pueblo, del que soy parte— iniciar reformas en diversos campos de la vida nacional. Pero que ese pueblo, al que dicen representar, solo tenga voz en foros no vinculantes, deja la mitad del discurso fuera de lugar.
Dije que retrata la realidad de manera completa porque es un patrón que, a pesar de las negaciones constantes, se repite en todos los ámbitos: seguridad pública, medio ambiente, empleo, salud e incluso en la reforma electoral. Todo se hace en nombre del pueblo, pero sin el pueblo, por supuesto.
En el discurso oficial, se afirma que la democracia debe ir más allá del voto periódico y convertirse en un sistema vivo basado en la participación social. Pero en la práctica, una de las debilidades de la comisión es que esa participación ciudadana solo tendrá voz, pero no voto.
Esta debilidad, evidente en el propio decreto, parece tener como objetivo excluir a la oposición de una discusión real y democrática, debilitar la soberanía de las entidades federativas y minimizar la autonomía municipal.
Sí, ya sé que desde el oficialismo se insistirá en que eso es falso. Que nunca antes había existido tanta participación ciudadana. Pero desde el pensamiento militante se genera una visión binaria de la realidad: buenos y malos, blanco y negro.
Una comisión presidencial que solo podrá disolverse si así lo determina la presidenta es, en los hechos, un espacio de maniobra unilateral. Aunque no puede ordenar al Legislativo, condiciona indirectamente sus márgenes de acción.
Otra debilidad clave está en su composición cerrada: todos sus integrantes pertenecen al círculo presidencial. No se menciona a los partidos políticos, que —nos guste o no— siguen siendo las vías legales de representación política. Negarlo es negar la democracia representativa.
Pablo Gómez, quien ocupará la presidencia ejecutiva de la comisión, actuará como suplente de Sheinbaum, pero en los hechos será quien coordine su operación.
El riesgo es claro: si todos los participantes piensan igual, el debate se extingue. Y sin debate, la democracia se empobrece. El disenso no es un obstáculo, es condición esencial de la transformación política y cultural.
Hoy, muchos movimientos sociales no están siendo escuchados. Ni por la presidencia ni por el Congreso ni —a veces— por el Poder Judicial.
Además, los programas sociales individualizan los derechos, inhibiendo la organización colectiva. En nombre del combate a la corrupción, se gestiona la salud, la vivienda y el bienestar de manera fragmentada, limitando la acción política de base.
Entonces, ¿cómo se garantiza el derecho humano a organizarse libremente? ¿Qué valor tienen los preceptos constitucionales si la mayoría política los considera anacrónicos y promueve reformas que muchos de sus propios legisladores ni siquiera han leído?
Ahí reside una de las amenazas centrales de esta comisión: su posible instrumentalización electoral. Que se convierta en una plataforma para impulsar reformas favorables al oficialismo, amparadas en la narrativa de la voluntad popular, reforzadas con el estribillo de “no somos iguales”.
Acciones de ese tipo generarían una percepción de falta de neutralidad democrática, debilitando la legitimidad de cualquier proceso de reforma.
Y peor aún: al no ser vinculante ni tener acuerdos con el Congreso ni con fuerzas políticas nacionales, la comisión podría alimentar la frustración ciudadana y la percepción de inacción efectiva del gobierno.
El argumento presidencial es que México atraviesa una transformación profunda y que, para lograr cambios estructurales, la ciudadanía debe tener un papel central. Pero, hasta ahora, todo pensamiento crítico ha sido marginado.
La última semana trajo dos decretos clave: el del Parque Hidalgo, en nombre de la economía circular, y el de la reforma electoral. En ambos, el pueblo está presente solo como símbolo. Su voz —la que dicen que los llevó al poder— se diluye en la urgencia de consolidar una nueva casta política.
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