Michoacán y el mito del arte y el tejido social
El drama ya no es la ausencia de arte, sino la insistencia de la burocracia en creer que la realidad se corrige con un pincel mientras el presupuesto se concentra donde conviene ganar, y no donde urge sanar, discriminando además a otras regiones igualmente convulsas…
Asistimos, una vez más, a la liturgia de la pacificación por decreto artístico. El reciente anuncio del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia —con su pomposa oferta de actividades culturales y un incremento del 250 por ciento en el presupuesto del PECDA— se presenta como una epifanía administrativa, cuando en realidad es el remake de un guion que ya vimos en la cartelera del sexenio de Enrique Peña Nieto.
En 2014, la coreografía fue idéntica: se ordenó al entonces Conaculta desplegar el programa Cultura para la Armonía con la promesa de que un violín silenciaría una ametralladora. Sin embargo, la historia nos ha enseñado que los coros comunitarios y los festivales itinerantes suelen ser, más que soluciones de fondo, analgésicos visuales para el espectador electoral. Aquella armonía peñanietista presumía cientos de miles de beneficiarios mientras el tejido social seguía deshilachándose entre balaceras. Hoy, la narrativa se recicla con el mismo énfasis, pero con diferentes protagonistas.
Resulta inevitable cuestionar la geografía selectiva de esta benevolencia estatal. ¿Por qué Michoacán vuelve a ser el laboratorio predilecto de la paz mientras regiones con índices de violencia superiores quedan en la penumbra del presupuesto? Si el criterio fuera estrictamente la urgencia de paz, el despliegue debería estar en Chihuahua, donde la Sierra Tarahumara y las urbes fronterizas han sido abandonadas al estruendo de la impunidad; en Colima, que lidera las tasas de homicidio a nivel nacional; o en Zacatecas y Morelos, que padecen un deterioro irreversible de la seguridad. Pero Michoacán tiene ese algo que lo hace especial a ojos del centro: una densidad electoral y un simbolismo político que no poseen otros territorios. La paz y la cultura, parece decirnos el gobierno federal, es un bien que se distribuye según la rentabilidad del voto y la visibilidad de la foto oficial.
Como señaló el antropólogo y crítico Néstor García Canclini: “La cultura es el lugar donde los conflictos se hacen representables, pero no siempre donde se resuelven”. Al inyectar recursos masivos en un solo estado para combatir la delincuencia con talleres de cine y restauración patrimonial, se corre el riesgo de convertir la política cultural en una sucursal del clientelismo, donde el estímulo artístico es el nuevo tianguis del bienestar: el mito de la recomposición del tejido social a través de la cultura —ya lo demostró el sexenio de Peña Nieto— fue eso, un mito.
¿Estamos ante una solución real o ante el espejismo de siempre? Si la cultura no va acompañada de justicia operativa e inteligencia criminal, estas acciones quedarán como una bella escenografía en un teatro que se sigue incendiando. El drama ya no es la ausencia de arte, sino la insistencia de la burocracia en creer que la realidad se corrige con un pincel mientras el presupuesto se concentra donde conviene ganar, y no donde urge sanar, discriminando además a otras regiones igualmente convulsas. Y ni hablar de la inseguridad que representará para algunos artistas trabajar en ciertos territorios violentos.
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