México bajo agua
La violencia de la naturaleza no excusa la falta de previsión. En la última semana, México vivió una serie de precipitaciones excepcionales que desbordaron ríos, provocaron deslaves, aislaron comunidades y dejaron un saldo trágico…
La violencia de la naturaleza no excusa la falta de previsión. En la última semana, México vivió una serie de precipitaciones excepcionales que desbordaron ríos, provocaron deslaves, aislaron comunidades y dejaron un saldo trágico de decenas de muertos y decenas más de desaparecidos. Las cifras oficiales sitúan el número de fallecidos en alrededor de 60 personas, con decenas aún sin ser localizadas y miles de viviendas y tramos carreteros severamente dañados. Estos datos muestran la magnitud inmediata del desastre, pero no explican por sí solos por qué volvió a ocurrir con resultados tan letales.
Aplicando un enfoque de pensamiento crítico, conviene desagregar el fenómeno en sus componentes: causas meteorológicas, vulnerabilidad territorial, respuesta institucional y elección política.
Primero, en el plano físico, la convergencia de dos sistemas tropicales y los remanentes de tormentas generaron pluviometrías excepcionales en un corto lapso, lo que explica la súbita saturación de cuencas y la ocurrencia de deslizamientos en laderas ya afectadas por erosión. El componente climático es, por tanto, real y determinante.
Segundo, la vulnerabilidad humana: gran parte de las pérdidas humanas y materiales se concentran en municipios de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, regiones donde la ocupación del riesgo —viviendas en barrancas y riberas, insuficiente infraestructura pluvial, carreteras sin mantenimiento— ha sido tolerada o incluso incentivada de manera informal durante décadas. Cuando la geometría del riesgo (ríos, laderas) se combina con la pobreza y la debilidad institucional local, el resultado es predecible: comunidades aisladas que quedan sin rutas de evacuación y sin sistemas de alerta efectivos.
Tercero, la respuesta institucional merece un escrutinio serio. El gobierno federal desplegó a las Fuerzas Armadas, anunció la habilitación de micrositios informativos y activó censos para cuantificar daños; sin embargo, las quejas de comunidades aisladas que tuvieron que organizar rescates por su cuenta son indicios de que la logística y la priorización no alcanzaron a todos los puntos críticos con la velocidad requerida. La coordinación entre órdenes de gobierno —municipal, estatal y federal— y la capacidad de mantener corredores humanitarios en zonas montañosas siguen siendo cuellos de botella. La lentitud en la instalación de puentes aéreos, la falta de equipamiento para búsquedas nocturnas y la fragilidad de la red eléctrica agravan la emergencia en tiempo real.
Un cuarto punto de análisis es político y presupuestario. El debate público sobre la desaparición o reducción de instrumentos de financiamiento para desastres, como el anterior Fonden, reaparece con fuerza: ¿tenemos hoy mecanismos ágiles y transparentes para transferir recursos a reconstrucción y prevención? Las cifras preliminares de daños materiales —decenas de miles de casas dañadas y cientos de kilómetros de carreteras afectadas— sugieren que la solución no puede limitarse a la emergencia: es necesaria una estrategia de inversión en mitigación, ordenamiento territorial y drenaje pluvial urbano, con criterios técnicos y no clientelares.
El pensamiento crítico exige también evaluar supuestos: no todo se debe a “eventos extremos” inevitables. Mientras el cambio climático aumenta la frecuencia e intensidad de precipitaciones extremas, las decisiones humanas —permiso de asentamientos en zonas de riesgo, tala sin control, drenaje deficiente, omisión de obras hidráulicas claves— son variables que pueden modificarse. Así, la “fatalidad” se compone de causas naturales y de fallas humanas prevenibles. Reconocer esa mezcla no es buscar culpables fáciles; es identificar palancas de intervención que reduzcan la repetición del daño.
¿Qué alternativas y medidas concretas asoman como pertinentes? En primera instancia, implementar con urgencia un censo de afectación y un registro interoperable de personas desaparecidas y localizadas, accesible públicamente y actualizado, para cortar la desinformación que alimenta angustia y rumores. En segunda instancia, priorizar inversiones en obras de mitigación en cuencas críticas —reforestación de laderas, muros de contención, restauración de cauces—, así como modernizar sistemas de alerta temprana comunitarios, con sensores hidrológicos y rutas de evacuación identificadas y practicadas. En tercer lugar, articular un mecanismo presupuestario expedito y transparente que garantice recursos para reconstrucción resiliente, evitando soluciones provisionales que vuelvan a exponernos. Estos pasos requieren voluntad política sostenida y supervisión ciudadana.
Finalmente, es imprescindible empoderar a las comunidades: capacitación, brigadas locales de respuesta, rutas de comunicación con instancias estatales y federales, y fondos comunitarios para emergencias. La capacidad de respuesta social, cuando se combina con la coordinación estatal, puede marcar la diferencia entre pérdidas y salvamentos.
La devastación de la que hoy hacemos inventario debe servirnos como rotundo recordatorio: el costo humano y económico de la inacción es inaceptable. No es suficiente lamentar; corresponde rediseñar políticas públicas, inversión y prácticas territoriales con ambición y rigor técnico. Si México aspira a reducir mortandades en futuras inundaciones, debe convertir la evidencia de esta tragedia en reformas estructurales —no en discursos temporales— y asumir la prevención como un deber colectivo e inaplazable.
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