La inhibición del derecho asociativo

El artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra, sin ambages, el derecho de asociación y reunión pacífica para fines lícitos, estableciendo que “no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito”. 

Añade que las autoridades no pueden disolver “una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta” salvo que mediara injuria o amenaza. 

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Este precepto es más que un enunciado simbólico: en un Estado verdaderamente democrático, aquel que dice respetar el imperio de la Constitución, implica una carga activa para el poder público de deliberar, atender peticiones y construir mecanismos reales de interlocución con la ciudadanía organizada.

Sin embargo —y es el problema de fondo—, en múltiples ocasiones las autoridades recurren a la demora administrativa, la dilación sistemática, la evasión institucional o la implementación de barreras operativas para evitar que esas peticiones alcancen efecto real. En otras palabras: con un “silencio administrativo prolongado”, o mediante filtros burocráticos insalvables, terminan por coartar de facto ese derecho que está constitucionalmente garantizado.

Este escenario opera como una forma sutil de “no represión”, pero no por ello menos violatoria de derechos. La práctica gubernamental revela una apariencia formal de legalidad, acompañado de un desgaste sistemático de la voluntad política para escuchar.

Existen mecanismos que, aunque aparentemente benévolos o neutros, funcionan como barreras estructurales al ejercicio del derecho de petición colectivo:

El “oficialismo procedural”: que canaliza las solicitudes ciudadanas hacia instancias administrativas múltiples, desconectadas entre sí, derivando a comisiones, delegaciones municipales o unidades internas que devuelven las peticiones por razones formales. Al final, nadie asume responsabilidad ni comunicación clara con los peticionarios.

La dilación calculada: cuando no existe una obligación clara de respuesta en plazos precisos, las autoridades aprovechan esa laguna para extender indefinidamente la discusión, hasta que el impulso social se enfríe.

El desgaste de interlocutores: cuando asociaciones civiles que presentan agenda demandan interlocución continua, algunos gobiernos los estigmatizan como grupos “con intereses partidistas”, los ignoran o incluso desactivan sus canales de comunicación institucional.

La saturación deliberada del calendario: en muchos estados, los gobiernos establecen foros ciudadanos, mesas temáticas o convocatorias públicas que posponen fechas, cancelan sesiones o modifican orden del día sin aviso, de modo que las organizaciones nunca lleguen a plantear sus exigencias.

Todo ello se traduce en una práctica de “asimetría deliberativa”: el Estado fija las reglas de juego de la interlocución, decide cuándo se abre o cierra la puerta y dónde se permite participar, mientras la sociedad civil queda atrapada en tareas de supervivencia institucional en lugar de incidir sustantivamente.

Aunque no siempre obtienen una visibilidad mediática masiva, existen múltiples denuncias locales y regionales de colectivos y organizaciones en México que han percibido ese trato esquivo o de menosprecio institucional.

Por ejemplo, comunidades rurales que piden audiencias con gobernadores para revisar planes de agua o deslaves, grupos de víctimas que demandan reparación y memoria, organizaciones defensoras de derechos humanos o ambientales que solicitan mesas de diálogo y se encuentran con muros administrativos o con el silencio calculado del aparato público.

Pareciera que es algo verdaderamente irrelevante; sin embargo, el efecto es doble:

Por un lado, la deslegitimación creciente del Estado: cuando las comunidades exigen ser escuchadas y no se les responde —o se les responde con evasivas—, el Estado pierde credibilidad ante sus ciudadanos. Esa ruptura de confianza mina las bases del contrato social.

Por otro lado, la desmovilización y cinismo cívico: Si a cada exigencia, por silencio o dilación, el reclamo se vuelve infructuoso, muchas organizaciones se desmovilizan o adoptan formas más radicales (protestas disruptivas, bloqueo), con riesgo real de que el Estado invoque mecanismos de orden público para “regular” la protesta.

El corresponsal crítico debe advertir que esta negativa sistemática de atender la voz ciudadana es un debilitamiento progresivo de la democracia. El ciudadano que no se siente escuchado tiende a buscar vías no institucionales —o dejar de participar— con el peligro de que el diálogo se vuelva tautológico: el poder hablando a sí mismo.

Un gobierno que rehúye deliberar o evadir peticiones de forma constante incurre en lo que podríamos llamar una violación estructural al artículo 9. No necesita armas ni prohibiciones explícitas: basta con un sistema sostenido de desatención, burocracia asfixiante y demoras intencionadas.

En este sentido, aunque el artículo no contempla explícitamente sanciones ni describe medidas correctivas, su aplicación debe construirse en los hechos mediante una política pública deliberada de apertura institucional, transparencia en los procedimientos, plazos obligatorios y mecanismos vinculantes de interlocución.

Porque el mandato constitucional exige que las asambleas o reuniones ciudadanas no puedan ser disueltas cuando simplemente buscan entregar una demanda pacífica; y si la autoridad no proporciona cauces reales, se transforma de hecho en actor represor indirecto.

El artículo 9 no es una cajita decorativa en el texto constitucional; es una garantía activa, profundamente política y democrática. Requiere que el Estado no solo se abstenga de prohibir iniciativas ciudadanas pacíficas, sino que facilite, atienda y responda con voluntad institucional.

Como ciudadanos organizados y como sociedad civil, no podemos aceptar que la puerta del diálogo quede permanentemente entreabierta con obra simbólica sin contenido. Y como periodistas y cronistas de esta democracia, nos corresponde señalar esas fisuras con nombre, entidad y responsabilidad y convocar a un pacto republicano de interlocución auténtica.

México no merece ficciones institucionales: exige mecanismos reales de rendición mutua. Que las voces ciudadanas no queden en eco atrapado. Que el Estado recupere el valor de escuchar.

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