Ahora fue en Chilapa en donde el México siniestro hizo su aparición. Seis cabezas humanas fueron halladas el jueves pasado sobre el toldo de un Pointer gris. Las habían alineado una al lado de otra. La mayoría era de hombres jóvenes, que no habían cumplido los 30 años de edad.
Los asesinos, identificados como integrantes del grupo criminal Los Ardillos, dejaron el narcomensaje de rigor.
“En Chilapa está prácticamente prohibido vender y comprar cristal, secuestrar, cobrar piso y robar (…) Todos estos delitos tienen pena capital y las reglas se cumplen porque se cumplen. La plaza tiene dueño y se respeta”.
Eran apenas las 6:45 de la mañana y cientos de personas presenciaron esta escena dantesca en el bulevar más importante de la ciudad: el Eucaria Apreza.
Era el recordatorio de que no ha terminado la década de terror (seis años del gobierno de Peña Nieto, cuatro del de Andrés Manuel López Obrador) en que ha estado sepultada esta ciudad guerrerense, cuyas cifras de miedo la convirtieron en una de las tres más peligrosas de México: más de 1,500 personas asesinadas; alrededor de 400 desaparecidos: un municipio lleno de pueblos vacíos, y de cerros infestados de fosas clandestinas.
En 2012 esta región, estratégica para la concentración de enervantes que bajan de la sierra (goma de opio, amapola y mariguana) era uno de los grandes bastiones de Los Rojos: se lo habían quedado tras el abatimiento del capo Arturo Beltrán Leyva.
Los Rojos impusieron al secretario de Seguridad Pública, Silvestre Carreto, y acapararon la industria del secuestro, el abigeato y la extorsión. Ese año Carreto fue traicionado por el policía Constantino Chino García, quien le mostró el camino de entrada al municipio a una organización rival, Los Ardillos, que comandan Celso y Antonio Ortega Jiménez, los hermanos del relevante diputado perredista Bernardo Ortega Jiménez, siniestro cacique político de la región.
Comenzó el espectáculo de las decapitaciones y los calcinamientos, entre estos, el de 11 miembros de Los Ardillos que fueron detectados en el municipio en noviembre de 2014 (dos meses después de la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa) y cuyos cuerpos aparecieron en una brecha de Ayahualulco, quemados, decapitados y acribillados con balas de R-15 y AK-47.
En mayo de 2016 se hablaba ya de una crisis humanitaria en Chilapa: secuestros, “levantones”, desplazados (800 en un día), balaceras, decapitaciones, descuartizamientos, ranchos abandonados, fosas aquí y allá.
La espiral de violencia dejó negocios cerrados a partir de las 5 de la tarde, servicios públicos suspendidos, calles sin transporte y escuelas y clínicas cerradas.
En mayo de 2017, 17 personas fueron decapitadas en la misma semana. El maestro José Díaz Navarro, del colectivo Siempre Vivos, denunció incansablemente la catástrofe que estaba ocurriendo en el municipio. A fines de 2019 se vio obligado a huir, amenazado de muerte y sin lograr que el nuevo gobierno volteara a mirarlo. “En Chilapa, los moralmente derrotados somos los ciudadanos”, dijo.
Ese año Zenén Nava fue aprehendido y unos 20 municipios quedaron en poder de los hermanos Ortega Jiménez.
Hoy, pobladores denuncian que en Chilapa existen dos poderes: el municipal y el de los criminales. Hay que obtener permiso de ambos “hasta para vender un burro o para construir un corral”.
“Tienen la Tesorería, tienen Obras Públicas, tienen Protección Civil, tienen Gobernación municipal”, denuncian.
Tienen, además, la bendición del obispo Salvador Rangel, quien ha declarado: “Donde están estos señores, ahí no hay secuestros, no hay asesinatos, no se distribuyen las drogas. Quieren que Chilapa sea un territorio de estos”.
Una semana antes de la aparición de las seis cabezas, el 25 de marzo, tres decapitados fueron hallados en un paraje, a unos minutos de la cabecera municipal.
Nueve decapitados en una semana. La pesadilla ha regresado.
