La importancia de la ley y las políticas públicas en materia de desaparición forzada de personas
En nuestro país, con 120 mil personas desaparecidas, debe ser para todas y todos de la mayor importancia saber cómo se plantea garantizar nuestro derecho a la vida, a vivir una vida libre de violencias, nuestro derecho a la libertad, nuestro derecho a ser buscados, nuestro derecho a la justicia, a la verdad…
En marzo de este año, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas vigente fue publicada el 17 de noviembre de 2017 y entró en vigor el 16 de enero de 2018. Es una ley general obligatoria en los tres ámbitos de gobierno; los estados legislan en cuanto al ámbito de su competencia.
La investigación, persecución y sanción de los delitos previstos en la ley corresponde a las autoridades de las entidades federativas en los casos no previstos en el artículo 24 de la ley, que son de competencia federal, como, por ejemplo, cuando se encuentre involucrado algún servidor público federal como probable responsable o como sujeto pasivo de los delitos previstos en la ley general; el Ministerio Público de la federación solicite a la fiscalía especial de la entidad federativa le remita la investigación correspondiente, atendiendo a las características propias del hecho, así como a las circunstancias de ejecución o la relevancia social del mismo, o durante la investigación se encuentren indicios de que en la comisión del hecho participó una persona cuya pertenencia o colaboración con la delincuencia organizada esté acreditada, entre otros.
La iniciativa de reforma presentada por la presidenta Sheinbaum pretende, de acuerdo con sus palabras, fortalecer las acciones para prevenir y atender el delito desaparición y plantea hacerlo a través de la creación de la Plataforma Única de Identidad, que pueda ser consultada por las instituciones de seguridad para la búsqueda y la localización de personas y el fortalecimiento de la Clave Única de Registro de Población (CURP) y la emisión de alerta inmediata en caso de un reporte de desaparición.
En la presentación de la iniciativa de reforma, la presidenta detalló que se plantea fortalecer las capacidades de fiscalías con unidades especializadas de investigación, unidades de análisis de contexto, áreas de búsqueda inmediata y de larga data, áreas especializadas en delitos cibernéticos y unidades de atención a víctimas, además de establecer los perfiles mínimos y obligatorios para el personal de estas fiscalías especializadas.
Dijo, además, que incorpora a privados en la obligación para generar y compartir información útil para búsqueda de personas como los relacionados con servicios financieros, de transporte, salud, telecomunicaciones, paquetería y en general todos aquellos que tengan información útil que sume a las acciones búsqueda.
Del mismo modo, se incrementan penas a quienes cometan el delito de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. Se fortalecen las capacidades de las comisiones nacional y estatales de búsqueda. Se crea el Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de Personas, que se hará notificar mediante una ficha de búsqueda y autoridades privadas sobre la desaparición, además de que identificará coincidencias entre todos los sistemas de información, incluyendo a los asociados en la CURP.
El punto que ha causado mayor discusión pública es, sin duda, el que refiere a la CURP como mecanismo de identificación oficial.
No es del conocimiento público el dictamen que se someterá al pleno en el periodo extraordinario que empezó ayer lunes 23 de junio y que podrá extenderse hasta el 2 de julio. Por lo tanto, no sabemos si la iniciativa presentada sufrió modificaciones y de qué tipo, no hubo discusiones previas ni mesas de debate, menos aun parlamento abierto para valorar la pertinencia de las reformas presentadas con la finalidad de garantizar que en verdad fortalezcan las acciones para la prevención del delito de desaparición de personas y para atender el delito una vez cometido.
La ciudadanía conocerá de los planteamientos hasta que el dictamen sea presentado, discutido y aprobado en el pleno y posteriormente publicado.
En nuestro país, con 120 mil personas desaparecidas, debe ser para todas y todos de la mayor importancia saber cómo se plantea garantizar nuestro derecho a la vida, a vivir una vida libre de violencias, nuestro derecho a la libertad, nuestro derecho a ser buscados, nuestro derecho a la justicia, a la verdad.
Si la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas vigente entró en vigor el 16 de enero de 2018 y los indicadores de desaparición de personas, localización, identificación, sanción y reparación del daño no han mejorado, claramente hay cosas por hacer; sin embargo, sabemos bien que la ley, aunque indispensable, no es suficiente, el asunto es cómo se traduce en acciones concretas.
La evaluación de la política pública emanada de la entrada en vigor de la ley general arrojaría luz sobre lo que debe ser conservado, modificado, desechado, cambiado, redireccionado, fortalecido, incluyendo cambios legales cuando necesarios. Desafortunadamente no hay evaluación de la política pública en materia de desaparición forzada de personas en un país con 120 mil personas desaparecidas.
En tanto, tendremos la oportunidad de analizar a detalle lo que se apruebe en el Congreso, conoceremos en qué consisten las reformas aprobadas, entonces podremos opinar si lo reformado aporta al fortalecimiento de la ley vigente o si es un retroceso o amenaza.
Y lo más importante: tendremos conocimiento de lo que los tres niveles de gobierno están obligados a garantizarles a las y los ciudadanos para prevenir que seamos desaparecidos y que, ante la desgracia del crimen, seamos buscados de manera inmediata para regresarnos con vida a nuestras familias.
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