La falsa promesa del agua y la economía circular
Hidalgo necesita un compromiso real, no discursos. Porque el futuro del estado no se juega en la retórica de la economía circular, sino en la decisión de enfrentar con valentía la devastación que hemos permitido.
Hablar de economía circular parece haberse convertido en una fórmula mágica para tranquilizar conciencias y disfrazar decisiones gubernamentales que poco tienen de sostenibles.
El concepto, originado para proponer un modelo productivo que minimice residuos y prolongue el ciclo de vida de los recursos, ha sido usado con ligereza por autoridades y empresas, como si bastara con pronunciarlo para que el daño ambiental se borrara de un plumazo.
En Hidalgo, el uso de este término encubre una peligrosa confusión: no se trata de restauración ecológica ni de un regreso a la salud de los ecosistemas, sino apenas de un manejo diferido de la crisis.
De la misma manera, los anuncios en torno al incremento de agua en el río Tula se presentan como un “rescate”. Se nos quiere hacer creer que al aumentar el volumen de caudal se resuelve la degradación acumulada durante décadas, cuando en realidad lo único que ocurre es que se maquilla el problema.
El agua que llega, en la mayoría de los casos, está cargada de contaminantes, y lo que se amplifica no es la vida del río sino la magnitud del desastre.
El discurso oficial omite deliberadamente que no hay restauración posible sin un cambio estructural en la forma en que se manejan los desechos urbanos e industriales, y que mientras eso no se toque, lo demás es simulación.
El verdadero reto, sin embargo, no está en el manejo de conceptos ni en los anuncios mediáticos. Lo esencial es la relación entre gobierno y ciudadanía frente al derecho humano a un ambiente sano, libre de contaminación y devastación.
Ese derecho no es una concesión ni una aspiración lejana, sino un mandato constitucional. Si los hidalguenses no pueden beber agua sin miedo, si el aire se respira con desconfianza y si los suelos están saturados de tóxicos, entonces el Estado está incumpliendo su obligación más elemental: garantizar condiciones mínimas de vida digna.
Pero para dar un primer paso en la dirección correcta, se requiere algo que hasta hoy ha faltado: el reconocimiento honesto de la magnitud del desastre ambiental en Hidalgo.
Ese es el verdadero obstáculo. Sin esa aceptación, todo se reduce a discursos adornados con palabras rimbombantes. Lo que vemos es una estrategia de negación que administra daños en lugar de enfrentarlos.
Se reconoce la sequía, pero se celebra como triunfo cualquier lluvia; se habla de circularidad, pero se mantienen los mismos esquemas de desecho; se presume un plan hídrico, pero se ocultan los pasivos ambientales que siguen acumulándose.
Los ciudadanos no necesitan metáforas, necesitan certezas. Y esas certezas solo pueden construirse con transparencia y con una política pública que trace compromisos verificables.
El gobierno hidalguense está obligado a comprometerse no con organismos internacionales ni con indicadores de escritorio, sino con la población que a diario enfrenta agua contaminada en sus casas, olores nauseabundos en las calles y enfermedades que se multiplican sin que nadie trace un vínculo oficial con el deterioro ambiental.
Hablar de compromisos implica establecer metas claras: reducción real de descargas industriales, monitoreo público y accesible de la calidad del agua y del aire, sanciones ejemplares a quienes incumplen y, sobre todo, una estrategia integral que no dependa únicamente de lo que decida la federación.
El riesgo mayor es seguir atrapados en la lógica de la coyuntura. Este año han llegado lluvias que, en apariencia, alivian la sequía. Pero creer que unas cuantas tormentas significan el fin del problema es un error que puede costar muy caro.
La sequía en México, y en particular en el centro del país, no es un fenómeno pasajero: es parte de un proceso de crisis climática estructural. Con lluvias o sin ellas, la disponibilidad de agua seguirá reduciéndose si no hay un cambio profundo en la manera de gestionarla.
Con lluvias o sin ellas, las presas seguirán cargadas de aguas negras mientras no se invierta en tratamiento. Con lluvias o sin ellas, el río Tula seguirá siendo un recordatorio de nuestra incapacidad colectiva para asumir que no se puede vivir indefinidamente sobre un basurero.
El plan hídrico del gobierno federal, anunciado con bombo y platillo, tampoco representa una oportunidad para Hidalgo ni para los hidalguenses. En la práctica, se trata de un programa centralizado, diseñado con criterios nacionales que no consideran las particularidades del estado ni las necesidades específicas de sus comunidades.
Los grandes proyectos de infraestructura que contempla difícilmente se traducirán en mejoras concretas para la población que vive con agua contaminada.
Al contrario, corren el riesgo de convertirse en una nueva forma de expoliación: captar, desviar y regular caudales para beneficio de otras regiones o de grandes intereses, mientras los costos ambientales se quedan en Hidalgo.
La única oportunidad real radica en un cambio de perspectiva: reconocer el desastre, asumir la urgencia y comprometerse a una agenda estatal de rescate ambiental.
Una agenda que no se confunda con economía circular ni con planes hídricos ajenos, sino que parta de la defensa irrestricta del derecho humano a un ambiente sano. Sin esa base, todo lo demás seguirá siendo simulación.
El tiempo se agota, y la ilusión de que basta con aumentar agua al río o celebrar unas lluvias pasajeras es un autoengaño que ya no podemos permitirnos.
Hidalgo necesita un compromiso real, no discursos. Porque el futuro del estado no se juega en la retórica de la economía circular, sino en la decisión de enfrentar con valentía la devastación que hemos permitido.
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