La caída de la libertad de expresión
Si reviviera Francisco Zarco, el padre de la libre expresión y de la libertad de imprenta en México, seguro se volvería a morir. “Los pueblos no deben temer a sus gobiernos, son los gobiernos quienes deberían temer a sus pueblos”.
Noam Chomsky escribió una vez que “si no crees en la libertad de expresión de aquellos que no están de acuerdo contigo, entonces no crees en absoluto en la libertad de expresión”.
Me preocupa la manera en la que los individuos que detentan el poder en México están acotando —y atacando— con una velocidad impresionante la libertad de expresión en todas sus formas: periodismo, redes sociales, podcasts, discurso abierto, etcétera. Y más aún, la velocidad con que se están creando y aprobando leyes que limitan, censuran o, peor aún, se apoderan de las vías de libre manifestación de las ideas en nuestro país.
Algunos botones de muestra: la diputada federal Diana Karina Barreras atacando y pidiendo enjuiciar a una ciudadana ama de casa por expresar su opinión en sus redes sociales personales acerca de que dicha legisladora habría sido elegida en un acto de nepotismo. ¿Cuándo en la historia de nuestro país se había visto que los ciudadanos tuvieran que pedir disculpas públicas a quienes en teoría los representan, solo por decir una verdad más que evidente? Eso es acoso político, abuso de poder y opresión de la libre expresión en toda su magnitud.
Luego tenemos el caso del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, quien con su supuesta “ley de ciberseguridad”, mejor conocida como Ley Censura, buscaba castigar con penas de 11 meses a tres años de prisión a quien profiriera “todo tipo de insultos en redes sociales”, principalmente aquellos que afectaran a los servidores públicos como él. Si bien la Segob, en representación de la presidenta Claudia Sheimbaum, pidió detener y revisar dicha ley y excluir a los servidores públicos como posibles víctimas en la misma, el solo hecho de que un representante del Ejecutivo de un estado haya presentado esa iniciativa es ya un adelanto de lo que en general se desea hacer. Por demás está mencionar también el caso de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y su enfrentamiento con el periodista Jorge Luis González Valdez, a quien acusa de “calumnias y discurso de odio”, logrando incluso convencer a un juez para imponer restricciones a dicho periodista e inhabilitándolo de ejercer su profesión hasta que la mandataria termine su periodo.
¿En qué momento un gobernador puede ejercer todo el poder en sus manos en contra de un periodista de 72 años de edad, al punto de dejarlo sin trabajo solo para que no escriba sobre los errores cometidos en su gobierno?
Y la medalla de primer lugar dentro de esta competencia de abusos de poder y opresión a la libre expresión ciudadana sin dudas se la lleva la famosa ley de telecomunicaciones recientemente aprobada por el Senado de la República, y que confiere al Estado el papel de regulador absoluto sobre radio, televisión, cinematografía, plataformas digitales —redes sociales—, servicios de telefonía celular e internet, con el fin de obtener “una rendición de cuentas e inclusión adecuada de dichos medios ante la sociedad”, manteniendo acceso permanente y sin necesidad de autorización judicial a todos los datos sensibles de los ciudadanos, incluyendo los biométricos, cuyo uso para cualquier fin no deberá ser autorizado por nadie. Lo que nadie menciona es que dicha ley facilita el salto a censura de redes y plataformas personales para quienes se expresen de formas que al poder no sean agradables, venta ilegal de datos personales a grupos delictivos y muchos bemoles más, de los que ya no hay juicio de amparo que pueda salvarnos.
Lo más que puedo decir para finalizar esta columna es que, si reviviera Francisco Zarco, el padre de la libre expresión y de la libertad de imprenta en México, seguro se volvería a morir. “Los pueblos no deben temer a sus gobiernos, son los gobiernos quienes deberían temer a sus pueblos”.
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