Tertulia de los filósofos

En mi opinión, toda forma de gobierno, sea cual sea, debe ser regulada mediante una serie de contrapesos y candados que impidan que sus principios se distorsionen o sean adulterados. Y la democracia no debe ser la excepción.

En los comicios para la elección del Poder Judicial en nuestro país, el pasado 1 de junio, sucedieron eventos que resulta interesante analizar, pero el más importante es el hecho del abstencionismo masivo. Más del 80 por ciento de los ciudadanos integrantes del padrón electoral decidieron mostrar su rechazo a estas elecciones —que además no suceden en ningún otro lugar del mundo— no acudiendo a ejercer su voto. Y del 13 por ciento que sí acudió a las urnas, más de 10 millones anularon su voto escribiendo en las boletas consignas que hacían saber al gobierno federal que dicho acto era inconstitucional e inaceptable.

¿Motivos? Los que gusten: candidaturas a modo, rumores de patrocinios por parte de los distintos partidos políticos o del crimen organizado, desconocimiento total de los candidatos por parte de los electores, boletas complejas y numerosas, muchos perfiles de candidatos por analizar, simple ignorancia de lo que se estaba votando —hecho que fue muy difundido en diversos videos de redes sociales—, nula confianza en la legitimidad del proceso y varios etcéteras.

Pero ese no es el punto de esta columna. Mi inquietud surge por otra cuestión más relacionada con la ciencia política: si contamos el total de ciudadanos que manifestaron su desacuerdo mediante la abstención o la anulación de su voto, hablamos de más de un 90 por ciento del total. Es decir, solo un 10 por ciento del padrón ejerció un voto efectivo. Y con eso, solo con ese 10 por ciento, el gobierno considera que la elección es válida, vinculante, y que sus resultados deben definir el futuro judicial en nuestro país.

Mi pregunta es: ¿eso es correcto? ¿Eso es verdadera democracia? ¿Decir que la decisión de un 10 por ciento pesa más que la protesta silenciosa y el rechazo del otro 90 por ciento? Esto, sin duda, es un absurdo y un vacío legal en la democracia mexicana.

En países como Suiza, Serbia o Italia, para que una elección popular de cualquier tipo se considere válida, debe contar con una participación mínima del 50 por ciento del electorado; una participación menor se considera como no válida y es anulada, ya que no representa la voz de la mayoría. Y en países como Bulgaria, se requiere que la misma sea al menos igual al número de votantes en la última elección parlamentaria. De ser menor, el proceso es anulado.

Esto suena lógico, porque no se puede denominar “voz de la mayoría” a un proceso en el que ni siquiera participa un poco más de la mitad de la verdadera mayoría. Pero en México no existen estos candados, estos contrapesos legales. Y dado que “lo que no está prohibido está permitido”, el gobierno está abusando de ese vacío constitucional para jugar con los números y los procesos según su beneficio, y tomando esos pequeños datos para decir que “el pueblo ha hablado” y que “la democracia ha triunfado”.

No, señores, eso no es verdadera democracia; eso es jugar a conveniencia con la ley a través de un evento que, a todas luces, debió ser anulado.

Urge establecer en México regulaciones explícitas que determinen con precisión lo que debemos llamar “mayoría” en unas elecciones populares, cuál debe ser el mínimo de participación ciudadana que debe darse para que un proceso electoral sea válido y vinculante —por debajo del cual deberá ser anulado— y tomar este abstencionismo sin precedentes como lo que es: una protesta ciudadana silenciosa y masiva en contra de un evento que no tenía razón de ser.

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