La arquitectura del silencio
En los salones dorados de Palacio Nacional, donde los ecos de la historia mexicana suelen pesar más que las promesas del futuro, la presidenta Claudia Sheinbaum está trazando una nueva frontera.
No se trata de una obra pública de concreto y varilla, sino de algo mucho más etéreo y, a la vez, estructural: el control total de la conversación pública.
Bajo el barniz de la “soberanía tecnológica” y la “eficiencia administrativa”, las recientes señales enviadas en torno a la Ley de Telecomunicaciones y el desmantelamiento de los organismos reguladores sugieren un diseño inquietante: una democracia que habla con una sola voz.
Para quienes observaron la transición de poder en México, la pregunta no era si Sheinbaum continuaría el legado de Andrés Manuel López Obrador, sino cómo lo perfeccionaría. Mientras que su predecesor utilizaba el mazo de la retórica populista para golpear a la prensa, Sheinbaum, una científica de formación, parece preferir el bisturí de la reforma institucional.
El objetivo, sin embargo, es el mismo: la construcción de una narrativa exenta de crítica, donde el disenso no es solo un error, sino una interferencia en la señal del Estado.
El núcleo de la preocupación radica en la ofensiva contra el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Concebido originalmente como un contrapeso técnico frente a los monopolios y un garante de la pluralidad, el IFT se encuentra hoy en la mira de una administración que ve en la autonomía un obstáculo.
Al proponer que las funciones de regulación pasen directamente al Ejecutivo, el gobierno no solo busca “ahorrar”; busca capturar el interruptor de la información.
En el ecosistema mediático, entendemos que la libertad de expresión no es un concepto abstracto; depende de la infraestructura que la sostiene. Si el Estado controla quién obtiene una concesión, quién es sancionado y cómo se distribuye el espectro radioeléctrico sin un árbitro independiente, la crítica se convierte en un lujo de alto riesgo.
Estamos ante la posibilidad de un México donde la conectividad sea un derecho, pero la pluralidad sea una concesión administrativa.
La narrativa que emana de las nuevas mañaneras de Sheinbaum es reveladora. Hay una precisión técnica, un orden casi académico, pero subyace la misma hostilidad hacia el cuestionamiento profundo.
Al proponer cambios en la Ley de Telecomunicaciones que centralizan el control de contenidos y plataformas, la administración está enviando un mensaje claro: el espacio público es un proyecto estatal.
Esta visión es fundamentalmente incompatible con la noción moderna de una prensa libre. La crítica periodística no es un ruido que deba eliminarse para que la “verdad oficial” brille con más fuerza; es el sistema de enfriamiento que evita que el motor del poder se sobrecaliente.
Sin embargo, en el México de la Cuarta Transformación, la crítica es etiquetada sistemáticamente como desinformación o, peor aún, como una defensa de privilegios perdidos.
Lo que está ocurriendo en México no es un fenómeno aislado, pero su escala es alarmante. Desde Hungría hasta Turquía, hemos visto cómo el control de las leyes de telecomunicaciones precede a la erosión de las libertades civiles. La estrategia es sutil: no se prohíbe hablar, pero se asegura que solo un mensaje sea lo suficientemente fuerte para ser escuchado.
Sheinbaum defiende estas medidas bajo la bandera de la “democratización de los medios”. Es una ironía orwelliana. Democratizar la información no significa ponerla bajo el control de una secretaría de Estado; significa garantizar que el ciudadano tenga acceso a una diversidad de fuentes que le permitan juzgar por sí mismo.
Cuando el gobierno se convierte en el editor en jefe de la nación, la democracia se reduce a una coreografía de aplausos.
El efecto más insidioso de este enfoque es la autocensura. Cuando las leyes de telecomunicaciones se vuelven ambiguas o se utilizan como herramientas de presión política contra concesionarios, los medios de comunicación comienzan a medir sus palabras.
No por falta de valor, sino por instinto de supervivencia. El resultado es un desierto informativo donde los temas incómodos —la violencia persistente, las fallas en el sistema de salud o las opacidades en las grandes obras públicas— simplemente desaparecen de la frecuencia.
La presidenta Sheinbaum tiene ante sí una elección histórica. Puede usar su inmenso capital político para fortalecer las instituciones que protegen la verdad, incluso cuando esa verdad le resulte incómoda, o puede completar la arquitectura de un monólogo nacional. Por ahora, las señales que llegan desde los centros de mando legislativo indican que el gobierno prefiere un país que escuche en lugar de un país que debata.
México ha luchado durante décadas para salir de la sombra de un partido hegemónico que controlaba cada palabra impresa y emitida. Volver a ese modelo, bajo el disfraz de una nueva ideología, sería un retroceso trágico.
La libertad de expresión no es un regalo del gobierno de turno; es un derecho ganado por la sociedad civil, los periodistas y los ciudadanos que se negaron a ser simples espectadores de su propia historia.
Si la Ley de Telecomunicaciones se convierte en un instrumento de control narrativo, el costo no se medirá en pesos, sino en la pérdida de la capacidad crítica de una nación.
En la era de la información, el silencio no es ausencia de ruido; es la presencia del control total. Y en ese silencio, la democracia mexicana corre el riesgo de volverse irreconocible.
La comunidad internacional y sobre todo los ciudadanos mexicanos deben estar alertas. La arquitectura del silencio se construye ladrillo a ladrillo, ley a ley. Y una vez terminada, es terriblemente difícil de derribar.
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