El 1 de junio de 1917, 105 días después de haberse promulgado la Constitución que nos rige, fue restablecida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyas funciones habían cesado el 27 de marzo de 1913, al desconocerse en el Plan de Guadalupe a Victoriano Huerta —titular del Poder Ejecutivo— y a los integrantes del Poder Legislativo —diputados del Congreso de la Unión— y del Poder Judicial —ministros de la Suprema Corte Judicial—. Cuatro años después, el máximo tribunal del país era restablecido bajo un nuevo orden constitucional y en el marco de una innovadora concepción del juicio de amparo.
Nueve de los 11 ministros que la integraron protestaron su cargo en sesión solemne celebrada en la sede del Palacio Legislativo: Enrique Colunga, Manuel E. Cruz, Enrique M. de los Ríos, Alberto Mariano González, Santiago Martínez Alomía, Victoriano Pimentel, Agustín del Valle, José M. Truchuelo y Agustín Urdapilleta, en tanto que Enrique García Parra y Enrique Moreno Pérez, que no pudieron llegar a aquella ceremonia, lo hicieron más tarde.
Tres de los nuevos ministros habían formado parte del Congreso Constituyente 1916-1917: Enrique Colunga, del distrito de Celaya, Guanajuato; José María Truchuelo, de Cadereyta, Querétaro, y Alberto Mariano González y González, de Atotonilco el Grande, Hidalgo; todos, destacados por su participación en el seno de la asamblea que discutió la nueva Constitución Mexicana, y en particular, la nueva estructura y atribuciones del Poder Judicial y de la Suprema Corte.
Tal es el caso del hidalguense Alberto Mariano González, quien participó de manera destacada en la discusión de los artículos 13, 21, 30, 73, 76 y muy enfáticamente en los numerales 94, 95, 96, 97,98, 99, 100, 101, 102, 105, y 107, todos relativos a las atribuciones y organización de Poder Judicial federal, y remató con una gran intervención relacionada con el artículo 115, relativa al municipio, donde presentó la experiencia del estado de Hidalgo, donde el municipio era considerado como el cuarto poder.
¿Pero quién es Alberto Mariano González y González? Los datos hasta ahora reunidos señalan que nació el 7 de abril de 1870, en Atotonilco el Grande, hijo de Mariano y Mariana, ambos de apellido González, joven matrimonio de comerciantes en semillas, que hacía su vida entre los mercados de Atotonilco y Pachuca. Tal vez por ello, Alberto fue registrado —el 17 abril de 1870— en la parroquia de la Asunción, en la capital del estado. Debido a la movilidad del negocio de sus padres, fue inscrito primero en la escuela parroquial de Atotonilco, y después, en un colegio particular de la ciudad de Pachuca, donde concluyó su educación elemental y pasó después al Instituto Literario del Estado para continuar en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, donde obtuvo el título de abogado en 1893.
De regreso a Pachuca, Alberto abrió un pequeño despacho donde alcanzó fama como asesor de empresas mineras, aunque aparece también como abogado de diversos campesinos de la región serrana, inmediata a Atotonilco, a quienes defendió de las felonías porfiristas, entre ellas la que en 1905 pretendía desecar la Laguna de Metztitlán, debido a las maniobras e influyentísimo del sobrino de don Federico Mariscal Fagoaga —entonces ministro de Relaciones Exteriores, en el gabinete de Porfirio Díaz—. Alberto M. Gonzales logró, en compañía de Ignacio Mora Calva, que los campesinos formaran la “Agrupación de Propietarios y Agricultores de la Vega de Metztitlán”, mediante la cual lograron que se abortara aquel proyecto.
Años después formó parte de la Corporación Patriótica Liberal de Atotonilco el Grande, filial de la de Pachuca, y en 1910, como participante del Club Antireleccionista Benito Juárez del Estado de Hidalgo, fue uno de los encargados de organizar la visita a Pachuca del candidato Francisco I. Madero.
Tras el asesinato del presidente Madero en febrero de 1913, estalló la llamada Revolución Constitucionalista, encabezada en Hidalgo por el general Nicolás Flores, quien el 5 de agosto de 1914 decretó la disolución de los poderes del Estado y quedó al frente de los destinos hidalguenses con el carácter de comandante militar.
El general Flores nombró Alberto M. González como asesor de la Comandancia Militar en el Estado, a efecto de coadyuvar en los muy diversos asuntos de carácter legal que debían resolverse a través de decretos gubernamentales, por haberse disuelto el Congreso local.
En septiembre de 1916, al lanzarse la convocatoria para integrar al Congreso Constituyente, el general Flores impulsó la candidatura del abogado Alberto Mariano González y González, ampliamente conocido en todos los círculos sociales y económicos de Atotonilco el Grande y el domingo 22 de octubre de ese año fue electo como propietario llevando a Antonio Peñafiel, hijo del extraordinario polígrafo mexicano Antonio Peñafiel Barranco, como suplente.
La participación de González en el Constituyente fue verdaderamente destacada, debido a su gran conocimiento del derecho y no es errado señalar que su participación, tanto en la nueva estructura constitucional de la Suprema Corte como en la innovada concepción del juicio de amparo, como instancia creada para impugnar los actos de las autoridades cuando conculquen las garantías ciudadanas —léase derechos humanos universales—. Mucho le deben al diputado atotonilquense, a quien el general Mujica calificó como el “disputante” debido a sus constantes y bien fundados discursos pronunciados en el Congreso Constituyente.
Fue precisamente por estos méritos que Alberto M. González figura entre los primeros ministros a quienes tocó refundar la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana, aquel 1 de junio de 1917.
En la fotografía, que obra en la fototeca Nacional, Alberto Mariano González y González es el primero de izquierda a derecha.
