Entre carencias y nóminas privilegiadas
No es un asunto de envidia ni de protagonismo político; es una discusión ética y social que merece ponerse sobre la mesa
Hay realidades que no necesitan demasiados números para doler, pero cuando los números aparecen, la herida se hace más profunda. En Hidalgo, muchos municipios siguen viviendo con carencias que se repiten año tras año: calles sin pavimentar, drenajes colapsados, comunidades sin alumbrado público suficiente, caminos en mal estado y familias que piden, casi a gritos, servicios básicos que deberían ser un derecho, no una concesión.
Frente a ese panorama, resulta inevitable cuestionar una práctica que se ha normalizado en varios ayuntamientos: los sueldos elevados de algunos presidentes municipales, que contrastan de manera brutal con la realidad de los pueblos que gobiernan. No es un asunto de envidia ni de protagonismo político; es una discusión ética y social que merece ponerse sobre la mesa.
La información publicada por Criterio pone cifras concretas a esta incongruencia. De acuerdo con datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, la alcaldesa de Molango de Escamilla, María Isabel Ramírez Mercado, percibe un salario mensual de 61 mil 832 pesos, el más alto entre los municipios vecinos. La comparación es inevitable cuando se observa que el alcalde de Xochicoatlán, Erik José Ramírez Montaño, declaró un sueldo de 29 mil pesos mensuales. La diferencia es de 32 mil 832 pesos cada mes; es decir, un ingreso 43 por ciento mayor.
Más allá de los nombres y los municipios, el fondo del asunto es otro. ¿Cómo se justifica un salario de ese nivel cuando las necesidades básicas siguen sin resolverse? ¿En qué momento el servicio público dejó de ser un compromiso con la gente para convertirse en un espacio de comodidad personal? Porque gobernar no debería medirse por cuánto se cobra, sino por cuánto se resuelve.
Durante las campañas, el discurso suele ser cercano, humano y sensible. Se habla de austeridad, de estar del lado del pueblo, de entender las necesidades más urgentes. Pero una vez que se llega al poder, muchos parecen olvidar esas palabras y adoptan una lógica distinta, una donde el cargo se vuelve privilegio y no responsabilidad.
No se trata de negar que un alcalde deba recibir un salario. Se trata de entender el contexto. En municipios donde faltan obras, donde la infraestructura es precaria y donde la población enfrenta rezagos históricos, los sueldos exorbitantes resultan ofensivos. Cada peso que se asigna a un salario elevado es un peso que podría destinarse a mejorar una calle, reparar un drenaje o ampliar la red eléctrica.
Hidalgo necesita gobernantes que entiendan que la empatía no se escribe en los discursos, se practica con decisiones. Gobernar también es renunciar a excesos, es dar ejemplo, es demostrar que se puede ejercer el poder con responsabilidad y sensibilidad social. La gente no pide lujos; pide resultados. No exige discursos perfectos; exige obras, servicios y atención.
La ciudadanía está más atenta que nunca. Observa, compara y cuestiona. Y lo hace con razón. Porque no se puede hablar de compromiso social desde un sueldo privilegiado mientras los municipios siguen esperando lo básico. El verdadero liderazgo no se mide en cifras mensuales, sino en la capacidad de gobernar con conciencia, congruencia y respeto por quienes confiaron su voto.
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