El México que ya no conoces

En algún momento hablé del México que se fue. Fui reconvenido por exagerar, por dramatizar los hechos, por no alinear mi discurso con una narrativa de esperanza que muchos desean escuchar. Se me sugirió que no repitiera ese análisis, no porque estuviera equivocado, sino porque resulta incómodo. Sin embargo, lo que realmente vale la pena no repetir es la indiferencia. Hay que hablar de lo que está ocurriendo, porque, de alguna manera, sin darnos cuenta —o peor aún, sin querer verlo— hemos arribado a otro México. Uno distinto. Uno más duro. Uno profundamente desigual, fracturado y, en muchos aspectos, extraviado.

Pero ¿cuál es este otro México? La respuesta no está en los discursos oficiales ni en los boletines gubernamentales. Está en los rostros de las madres que, día tras día, buscan entre baldíos, barrancas y basureros clandestinos a sus hijos desaparecidos. Ellas, junto con colectivos ciudadanos, son quienes encuentran los cuerpos. Rara vez son las autoridades. Esas mismas autoridades que, con una mezcla de resignación y cinismo, han aceptado que no hay capacidad para contener la crisis humanitaria que representan las desapariciones forzadas.

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Este otro México también se revela en la cotidianidad de la violencia. Asesinatos de políticos, activistas y periodistas se han vuelto pan de cada día. El cobro de piso, el control de territorios, la extracción ilegal de combustibles y el desplazamiento forzado ya no son hechos aislados: son síntomas de una enfermedad crónica que avanza sin freno. A pesar de todo, hay quienes justifican esta realidad con argumentos ideológicos, o incluso la celebran a través de expresiones culturales que glorifican al crimen y banalizan la muerte.

Vivimos en un país donde el discurso democrático coexiste con prácticas autoritarias. El gobierno habla de paz mientras minimiza o niega hechos innegables. En el actual sexenio, se ha tenido que reconocer tanto el daño ambiental severo ocasionado por el Tren Maya como el endeudamiento significativo del Estado para financiar obras emblemáticas que aún no se concluyen. El relato triunfalista del progreso choca con la evidencia palpable del deterioro institucional, ambiental y social.

En este México que habitamos ahora, la crítica es vista como traición y la oposición como una reliquia indeseable del pasado. Las lealtades se desdibujan entre traiciones disfrazadas de pragmatismo político y el llamado “fuego amigo” se convierte en estrategia válida.

Mientras tanto, el crimen organizado ha tomado el control de amplias regiones del país. Ya no se trata solo de extorsión o tráfico de drogas; ahora utilizan tácticas de guerra, como las minas antipersonales, especialmente en estados como Michoacán, donde incluso la población civil ha sido víctima de estos artefactos.

En las costas del Pacífico, los pescadores artesanales son obligados a prestar sus embarcaciones al servicio del narcotráfico. Lo mismo ocurre en el Golfo de California, donde la pesca de la totoaba —especie en peligro de extinción— está dominada por redes criminales internacionales. El crimen organizado ha rebasado las estructuras de seguridad, penetrando incluso el sistema financiero, a pesar de los esfuerzos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Frente a esta situación, el silencio del gobierno es ensordecedor. ¿Cómo podemos ignorar lo que sucede cuando es evidente, cuando se canta, se baila y se celebra en la música popular, cuando los jóvenes encuentran en los narcocorridos no solo entretenimiento sino aspiración? No es posible seguir negando que el crimen ha institucionalizado su presencia en múltiples regiones del país.

El estado de Hidalgo no escapa a esta realidad. Su posición geográfica estratégica ha comenzado a convertirlo en un territorio de interés para los grupos delictivos, particularmente en el trasiego de hidrocarburos y el ocultamiento de criminales. Aunque las autoridades locales han reconocido algunas detenciones, en general minimizan los hechos. Sin embargo, la verdad es tozuda, y cuando se impone, obliga a reconocer lo evidente.

Así lo hizo recientemente el gobernador del estado, quien admitió la magnitud del robo de combustible: cinco millones de litros sustraídos ilegalmente. Lo hizo después de que la Administración para el Control de Drogas (DEA) señalara la presencia activa del Cártel Jalisco Nueva Generación y del Cártel de Sinaloa en territorio hidalguense. 

La reacción oficial fue intentar desacreditar el informe, alegando que respondía a intereses extranjeros. Pero negar la evidencia no cambia la realidad: Hidalgo dejó de ser el estado más seguro de México, condición que conservaba hace apenas una década.

El discurso gubernamental insiste en que todo está mejor, en que se vive una transformación histórica, en que el pueblo está más empoderado que nunca. Pero la realidad se impone: las condiciones de vida, la seguridad y la confianza institucional se han deteriorado. La narrativa del optimismo forzado no puede esconder un panorama que, lejos de ser alentador, se oscurece cada día más.

No se trata de ser pesimistas ni de renunciar a la esperanza. Se trata de enfrentar la realidad con seriedad, con verdad, con compromiso ciudadano. No debemos normalizar la violencia ni aceptar medias verdades como sustituto del bienestar. No podemos, como sociedad, acostumbrarnos a convivir con el miedo ni resignarnos a vivir bajo la tutela de poderes fácticos.

Hablar del México que se fue no es nostalgia, es memoria. Y recordar lo que fuimos es también una forma de resistir lo que no deberíamos ser. Si el país ha cambiado, debemos preguntarnos si ese cambio es el que deseábamos, y si no lo es, qué estamos dispuestos a hacer —como ciudadanos, como instituciones, como comunidad— para transformarlo de nuevo.

Porque un México distinto es posible. Pero solo si somos capaces de mirar sin miedo al México que somos hoy.

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