El México que ya no será
El México que ya no será es aquel donde los poderes se vigilaban entre sí, donde las reglas eran imperfectas pero predecibles, donde las instituciones eran imperfectas pero perfectibles…
Cuando en 2018 Andrés Manuel López Obrador alcanzó la presidencia con una mayoría abrumadora, muchos ciudadanos celebraron la llegada de un gobierno que prometía regenerar la vida pública, acabar con la corrupción y devolverle al pueblo su voz.
La llamada Cuarta Transformación (4T) ofrecía una narrativa de esperanza, cimentada en el hartazgo social tras décadas de desigualdad, violencia e impunidad. Sin embargo, pocos imaginaron que aquella transformación implicaría una reingeniería profunda —y para algunos, peligrosa— del Estado mexicano.
Desde los primeros momentos de su administración, López Obrador dejó entrever su desdén por el equilibrio de poderes con frases como: “¡Al diablo con sus instituciones!”. La oposición, aún confiada en los contrapesos constitucionales, minimizó sus acciones, calificándolas de meras “ocurrencias” políticas. Craso error.
Lo que parecía improvisación era, en realidad, una estrategia sistemática y cuidadosamente ejecutada para desmontar, una a una, las instituciones que servían como freno al poder presidencial.
Hoy, ese plan llega a una fase crítica con la reforma al Poder Judicial, que contempla la elección por voto popular de ministros, jueces y magistrados. Una medida que ha sido impulsada con intensidad por el bloque oficialista, ahora con mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso.
La lista de aspirantes publicada recientemente para ocupar cargos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación revela un dato alarmante: la gran mayoría son abiertamente cercanos a Morena o han trabajado directamente en el gobierno. El oficialismo ya no solo controla el Ejecutivo y el Legislativo, ahora se encamina a colonizar también el Poder Judicial.
La independencia de los jueces —principio fundamental en toda democracia— queda así comprometida. Y si bien desde la narrativa presidencial se sostiene que la medida democratiza y agiliza el acceso a la justicia, expertos nacionales e internacionales advierten que, en realidad, pone en jaque la autonomía judicial, mina la certeza jurídica y ahuyenta inversiones. La tensión entre eficiencia y legalidad se ha convertido en uno de los dilemas más relevantes de la vida institucional del país.
Pero el rediseño del Estado no se limita al ámbito judicial. Otro de los pilares de esta transformación ha sido el fortalecimiento sin precedentes de las Fuerzas Armadas. Bajo la 4T, el Ejército no solo se convirtió en constructor de aeropuertos, carreteras y trenes, sino en operador de aerolíneas, puertos y aduanas. La lógica civil del Estado fue sustituida por una lógica castrense. La Secretaría de la Defensa Nacional administra más recursos y funciones que muchas dependencias civiles juntas. Y aunque esto es presentado como una medida de eficiencia, lo cierto es que debilita la transparencia, la rendición de cuentas y la división entre el gobierno y el Estado.
Con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia en octubre de 2024, el proceso de reestructuración institucional se aceleró. En sus primeros meses de mandato, impulsó la desaparición de siete organismos autónomos clave —incluidos el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Nacional de Transparencia (INAI)—, cuyas funciones se absorbieron por dependencias del Ejecutivo. La justificación fue la austeridad y la simplificación administrativa; el resultado, sin embargo, ha sido la concentración del poder y la opacidad.
En el plano económico, el país atraviesa un momento de incertidumbre. Si bien el gobierno proyecta una recuperación moderada, organismos como el Banco de México y analistas internacionales prevén un estancamiento, incluso con riesgo de recesión técnica. Las causas son múltiples: tensiones comerciales con Estados Unidos, caída en la producción industrial, desaceleración del consumo y una inflación persistente que ha limitado la política monetaria.
El déficit fiscal continúa creciendo, mientras la deuda pública supera ya el 50 por ciento del PIB. Aunque se ha hablado de una reforma fiscal estructural para ampliar la base tributaria y reducir la dependencia de los ingresos petroleros, su viabilidad depende del consenso político, algo que hoy parece inalcanzable.
Y mientras tanto, la relación con Estados Unidos —principal socio comercial de México— se torna cada vez más tensa. La reciente declaración del Departamento de Estado que ubica a México como “socio poco confiable en materia de seguridad regional” marca un deterioro diplomático evidente. Si bien se han mantenido colaboraciones puntuales en temas fitosanitarios o fiscales, persisten disputas en migración, aranceles y tráfico de armas. La presión desde Washington por contener el flujo migratorio y el trasiego de drogas no ha hecho más que aumentar.
Ante ese panorama, el gobierno mexicano ha comenzado a explorar rutas alternativas, fortaleciendo vínculos con América Latina y apostando por nuevas alianzas estratégicas con países como Brasil, Argentina, China y Rusia. Sin embargo, los expertos advierten que la diversificación comercial es aún incipiente y enfrenta limitaciones logísticas, financieras y políticas. México sigue dependiendo, en más del 80 por ciento, del mercado estadunidense.
Estamos ante el cierre de una etapa. El México de los contrapesos, de los órganos autónomos, del federalismo dinámico y del debate democrático, está dando paso a un nuevo orden centralizado, vertical y personalizado. Un país donde las instituciones ya no son el marco de la convivencia, sino instrumentos de un proyecto político unificado.
El México que ya no será es aquel donde los poderes se vigilaban entre sí, donde las reglas eran imperfectas pero predecibles, donde las instituciones eran imperfectas pero perfectibles. Aquel país —el de las reformas constitucionales de 1997, de la alternancia en el 2000, del IFE autónomo, de la transparencia institucional, del Nafta y del pluralismo— ha entrado en una etapa de disolución.
No sabemos aún qué país emergerá de este proceso. Pero sí sabemos lo que estamos dejando atrás. Y cuando el polvo se asiente, nos quedará la tarea histórica de preguntarnos si este nuevo México que estamos construyendo será uno que fortalezca la libertad y la justicia o uno que nos haga extrañar, profundamente, al México que ya no será.
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