De lluvias y descargas
Queda entonces el desafío abierto: ¿será posible que las lluvias no sean símbolo de catástrofe sino de esperanza? ¿Permitiremos que instituciones públicas sigan atentando contra el patrimonio natural, o exigiremos el cumplimiento de leyes y estándares de civilidad?
A pesar de las lluvias torrenciales que han azotado Hidalgo en las últimas semanas, el estado enfrenta una crisis hídrica persistente y paradójica. El contraste entre las inundaciones recientes y la sequía histórica pone de relieve no solo las carencias en la gestión del agua sino la emergencia ambiental de fondo, que se entrelaza con los impactos de actividades humanas irresponsables—como las descargas de aguas residuales por parte de la clínica IMSS Bienestar en Metepec—poniendo en riesgo el derecho humano al agua y al ambiente sano.
Las lluvias intensas causadas por el huracán Priscilla, especialmente en la Sierra Otomí-Tepehua y la Sierra Alta, han dejado un saldo trágico: 21 muertos, 43 desaparecidos y daños a la infraestructura de más de 28 municipios, con cientos de caminos bloqueados y decenas de puentes colapsados, afectando alrededor de 2 mil 500 personas desplazadas en albergues. Sin embargo, apenas unos meses antes, Hidalgo sufría una sequía severa: en abril, uno de cada cuatro municipios estaba en condiciones de “sequía moderada” y por momentos la Huasteca se encontró en sequía excepcional, la categoría más crítica posible, afectando agricultura, ganadería y el suministro de agua potable.
Esta oscilación drástica demuestra que las lluvias torrenciales no resuelven la crisis hídrica de raíz: el agua que cae de golpe genera escurrimientos, deslaves e inundaciones, pero no logra recargar mantos acuíferos de manera efectiva ni abastecer a comunidades con sistemas de captación y almacenamiento deficientes. Así, la población oscila entre la escasez, el racionamiento y el desastre.
Los factores que sostienen la crisis del agua en Hidalgo son estructurales. El 40 por ciento del recurso que debería llegar a hogares se pierde en fugas, derivado de tuberías obsoletas—algunas de más de 60 años—y falta de mantenimiento. Además, la creciente presión sobre fuentes superficiales y subterráneas por parte del sector agrícola, industrial y la expansión urbana empeoran el escenario. A esto se suma la sobreexplotación y contaminación de ríos y cuerpos de agua, agravada por descargas residuales no tratadas.
Otro elemento es la ausencia de una planeación hídrica robusta y una cultura de ahorro que vaya más allá de campañas superficiales, apostando por inversiones en infraestructura, cosecha de agua de lluvia, plantas de tratamiento y recuperación de zonas de recarga. El propio titular de Planeación y Prospectiva estatal ha advertido sobre el impacto negativo de megaproyectos federales que, para operar, exigen vaciar canales y presas, afectando cosechas y agudizando la competencia por el agua en zonas rurales.
En Metepec, la clínica del IMSS Bienestar ha vertido aguas residuales directamente al río sin tratamiento adecuado—una práctica tristemente común en México, pero que cobra especial gravedad cuando proviene de una institución pública de salud. Estas descargas incluyen detergentes, materia orgánica, restos farmacéuticos y hasta agentes patógenos, contaminando el agua que cruza ecosistemas y comunidades aguas abajo.
El impacto inmediato es la degradación del ecosistema acuático: disminuye el oxígeno disuelto, mueren peces y otras especies, crecen bacterias dañinas y se interrumpe la cadena trófica. Estas descargas aumentan la eutrofización y fomentan la multiplicación de algas y microorganismos nocivos, volviendo el agua peligrosa para usar en riego agrícola o consumo humano.
Desde una perspectiva social, es una tragedia: comunidades enteras dependen de este río para subsistir, y su contaminación perpetúa ciclos de enfermedad, marginación y pérdida de oportunidades productivas. Contraviene lo establecido en la Ley para la Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo, que exige un informe preventivo o manifestación de impacto ambiental antes de operar cualquier obra o actividad que implique descargas contaminantes.
El caso de la crisis hídrica en Hidalgo, amplificada por fenómenos extremos y prácticas institucionales irresponsables como las de la clínica IMSS Bienestar, revela una verdad incuestionable: el agua es mucho más que un recurso natural; es el eje que determina la salud, seguridad, justicia social y prosperidad de los pueblos.
No basta con medidas paliativas ni con discursos de ocasión en días de desastre: se necesita un pacto social para transformar vieja infraestructura, detener la impunidad ambiental e invertir seriamente en planeación, regulación y participación ciudadana. Solo una mirada integral, que integre saberes locales, vigilancia pública y tecnologías nuevas, permitirá a Hidalgo salir de esta trampa histórica.
Queda entonces el desafío abierto: ¿será posible que las lluvias no sean símbolo de catástrofe sino de esperanza? ¿Permitiremos que instituciones públicas sigan atentando contra el patrimonio natural, o exigiremos el cumplimiento de leyes y estándares de civilidad? El agua—como la justicia—no puede esperar.
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