Dijera mi mamá: “Perro que traga manteca, aunque le quemen el hocico”, disculpen, pero así dice el dicho, pura y dura sabiduría popular.

Por esta ocasión, en este espacio semanal, solicito su venia para autorreferirme.
Una noche de enero de 2020, estábamos mis compañeros colaboradores y yo trabajando, sí, de noche porque nuestros horarios eran así de extremos, cuando me informaron que había cinco personas en el acceso al Congreso del estado solicitando hablar conmigo. No eran horas de atención al público, pero se les preguntó sobre el asunto que querían plantear y respondieron que iban a dar seguimiento a unos trámites que yo directamente les estaba gestionando. Eso sonaba un poco raro y decidimos escuchar lo que tenían que decir.
Imaginen mi sorpresa al enterarme que estas personas y otras más habían entregado o transferido diferentes cantidades de dinero a un personaje que decía ser uno de mis “muchos secretarios particulares”, el que mayor cercanía tenía conmigo y quien “manejaba mis asuntos personales”, a cambio de tramitarles plazas docentes en la SEPH.
El individuo en cuestión les había incluido en un grupo de WhatsApp con alrededor de otras 20 personas, en el que supuestamente yo estaba incluida e interactuaba con ellos, saludándoles de vez en vez.
Al pasar el tiempo y no concretarse la obtención de las supuestas plazas, las personas empezaron a presionarlo, por lo que el sujeto agendó reuniones para que yo pudiera explicarles el estatus de sus beneficios, reuniones a las que nunca llegué, argumentándoles complicaciones en mi agenda y llegando él al extremo de argumentar que me encontraba enferma de cáncer y no estaba en posibilidades de trabajar normalmente. ¡Hágame favor!
Supimos entonces que no era el único grupo de personas en esta condición, sino que había más supuestos beneficiarios en otros municipios.
Aclaré que no conocía a esa persona y que no tenía nada que ver con las mentiras que les había contado, que evidentemente los habían timado. Les aseguré que presentaría una denuncia ante las autoridades, ya que, de acuerdo con sus dichos, Raúl Leyva Corona había usurpado mi identidad. Les sugerí hacer lo propio y denunciar.
Presenté la denuncia y la hice pública, y entonces, como se me había comentado, empezaron a aparecer más casos. Pero digamos que mi supuesto abanico de oferta de beneficios se había ensanchado: ya no solo ofrecía este sujeto tramitar a cambio de dinero y en mi nombre plazas docentes, sino placas de taxi, terrenos, casas de interés social. ¡Imagínese usted!
En Actopan, otro grupo de personas presentó su denuncia con la esperanza de recuperar los miles y miles de pesos que le entregaron a Leyva, una vez que se enteraron de que les había engañado.
La reacción lógica de quienes nos enteramos de este tipo de engaños es preguntarnos: ¿cómo es posible caer en estos embustes?
Sin ánimo de justificar, puedo comprender que, por un lado, en la obtención de beneficios dados por las autoridades, no nos es ajeno escuchar que se presentan casos de corrupción en donde con una dádiva puedes saltarte una lista de espera, salir elegido en un proceso de licitación, ser considerado en la lista de beneficiarios y un largo etcétera, es decir, alguien podría creer que ni modo, hay que soltar para poder obtener.
Por otro lado, en los casos que describo, no se trata de grandes empresarios o inversionistas que pretenden incrementar sus haberes, sino de personas comunes que se dejan llevar por la esperanza de finalmente tener un beneficio y que, al no encontrar otras vías, aceptan pagar moches.
Lo importante es destacar que las víctimas de este tipo de conductas no podrán encontrar la protección de la justicia porque al aceptar sobornar al defraudador se convierten en parte del delito.
Mi caso avanzó porque lo que yo denuncié fue la usurpación de identidad. Raúl Leyva Corona estuvo prófugo de la justicia por tres años, en teoría se había escapado a los Estados Unidos. Finalmente, las autoridades lograron hacer efectiva la orden de aprehensión. Como víctima directa he dado seguimiento al proceso. No me ha implicado gasto económico porque no he tenido defensa privada, sino que he sido representada por el Ministerio Público, pero sí me ha significado inversión de tiempo, asistiendo a las audiencias del juicio oral, en donde, he de decir, pude conocer al sujeto, que jamás había visto en mi vida.
Mi motivación para denunciar fue pensar en la cantidad de personas que fueron engañadas, de una parte tuve conocimiento, pero con seguridad había muchas más, quienes no denunciaron por diferentes razones, incluida la vergüenza de haber caído inocentemente en un engaño.
Me interesaba mucho denunciar a este personaje porque por su ambición mi reputación pudo equivocadamente ser cuestionada relacionándoseme con un ilícito. Y aunque no fuera de manera pública, para mí era suficiente con imaginar que alguien en la intimidad de su ser, de su casa, de su familia, pudiera creer que le robé su dinero con engaños. No soy corrupta ni ladrona.
Las autoridades jurisdiccionales correspondientes de primera y segunda instancias han emitido y ratificado sentencia definitiva condenatoria en contra de Raúl Leyva Corona por ser penalmente responsable del delito de usurpación de identidad cometida en mi agravio. Leyva se encuentra interno en un Centro de Reinserción Social.
Sirva esta experiencia para dos cosas: alertar a las personas del riesgo que corren al aceptar ser parte de una acción que en sí misma es un ilícito y, pendientes por si en su vida coinciden con Leyva —que eventualmente saldrá de prisión después de purgar su condena, que no es lo larga que debería, pero es la que la ley estipula—; no es que cuestione la posibilidad de la reinserción, solo digo que no le crean cuando se presente como cercano a alguna persona que ocupa un encargo público.
Dijera mi mamá: “Perro que traga manteca, aunque le quemen el hocico”, disculpen, pero así dice el dicho, pura y dura sabiduría popular.
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