El jueves de la semana pasada, el gobernador Julio Menchaca Salazar envió un par de reformas constitucionales al Congreso local. Una de ellas tiene la intención de reducir el número de comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de Hidalgo (Itaih).

La proposición del Ejecutivo estatal es disminuir de cinco a tres el número de comisionados de ese instituto. Son ellos quienes se encargan de resolver las controversias derivadas de recursos de revisión en solicitudes de acceso a la información (RAI) dirigidas a sujetos obligados de Hidalgo.

El acceso a la información es un derecho humano. Aunque la propuesta del gobernador es disminuir el número de comisionados para generar un ahorro —alrededor de un millón de pesos anuales, según estimaciones de Criterio en una nota publicada ayer—, habrá que valorar qué tanto impacta la resta de dos comisionados al ejercicio de resolución de RAI.

En su edición de este martes, Criterio publicó que, de acuerdo con la comisionada presidenta del Itaih, Myna Moncada Mahuem, la reforma planteada por Menchaca Salazar “es viable y no impactaría en derechos humanos”.

A continuación, se exponen algunos puntos sobre Transparencia en Hidalgo:

En 2016, en Hidalgo, 50.5 por ciento de la población conocía alguna ley que garantiza el derecho de acceso a la información pública, de acuerdo con el informe Estadísticas sobre transparencia y acceso a la información en México, elaborado ese año por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

No obstante, según ese documento, solo 43.1 por ciento de la población conocía alguna institución que garantice el derecho de acceso a la información.

De acuerdo con información disponible en la página del Itaih, del 15 de junio de 2008 al 31 de enero de 2024 se habían iniciado 103 mil 71 solicitudes de acceso a la información en la entidad; tan solo en el primer mes de este año sumaban mil 331 peticiones.

En enero pasado, los ayuntamientos fueron los que registraron la mayor cantidad de solicitudes de información, con 975 peticiones; le siguen los distintos poderes de la entidad, con 251 requerimientos.

Además, la mayoría de estas, mil 306, fueron dirigidas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 18 fueron interpuestas de manera presencial en las oficinas de los diversos sujetos obligados y solo siete se recibieron por correo electrónico.

Atitalaquia, Pachuca, Francisco I. Madero, Actopan y Tizayuca fueron los ayuntamientos, que, en enero de este año, recibieron la mayor cantidad de solicitudes de información.

En ese sentido, habrá que evaluar si el ahorro propuesto impactaría en el desempeño y agilización de las solicitudes de información.

La Ley Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales señala que los sujetos obligados tienen un periodo para responder a las solicitudes, además de que se puede solicitar la ampliación del plazo para entregar información.

En caso de que no haya respuesta o se esté inconforme con la información entregada por los sujetos obligados, el recurrente —persona que inició la solicitud de información— podrá iniciar un recurso de revisión ante el organismo garante, en este caso el Itaih, para que se le entregue la información requerida o esta se amplíe.

A nivel federal, el presidente López Obrador ha propuesto incluso la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), algo que vulneraría los derechos humanos.

Queda entonces solo reflexionar: ¿a costa de qué se tendrá ese ahorro propuesto? Si los tiempos de respuesta a veces se exceden, si la labor de compañeros periodistas se ve retrasada porque no se entrega en tiempo y forma la información, en ocasiones; si existe nula transparencia en los ayuntamientos. ¿A costa de qué?

SU CINTO: En este espacio hablamos la semana pasada de las artimañas de un exalcalde para proponerse como diputado federal plurinominal: se autodscribió como indígena. Ahora vino alguien que le dijo quítate que ahí voy. Resulta que circuló un documento —aún falta por comprobar su veracidad— en el que Edmundo Ramírez, excandidato del PAN a la alcaldía de Ixmiquilpan, busca postularse por la vía de cuotas a la comunidad LGBTTIQ+, siendo que no se ha asumido como parte de la comunidad de la diversidad sexual en público. Nadie duda aquí de nadie, ni estamos para juzgar, pero no hay que ser. ¡Y la que se inscriba!, ha de pensar.