A un año de distancia, la fatalidad ocurrida en Tlahuelilpan parece dormida, como si nadie quisiera acordarse de ella, como si las culpabilidades se difuminaran en un entramado de complicidades y de mea culpa.

De entrada, fueron airados los enfrentamientos entre la sociedad para identificar a los responsables de la tragedia y quiénes realmente fueron las víctimas, tanto así que a la vuelta de doce meses no existe nadie en la cárcel.

La encuestadora Parametría, a unos días del suceso, se lanzó a la calle para preguntar a quién identificaban como principal responsable de la muerte de las personas que estaban en ese lugar. Un 81 por ciento dio la respuesta que fueron ellas mismas.

Pese a la solidaridad que caracteriza al mexicano, un 74 por ciento dijo que de ninguna manera debería recibir una indemnización los familiares de las personas que allí murieron.

Y en cuanto a castigarlas con cárcel, un 46 por ciento pidió la intervención de las autoridades y otro 50 por ciento dijeron que la experiencia era suficiente.

Ese sentir expresado en la encuesta cuando aún la tragedia estaba fresca, nos mostró esa conciencia ciudadana de ya no aceptar más corrupción y robo del patrimonio nacional.

A la vuelta de este tiempo, vimos como la ferocidad mostrada en la Cámara de Senadores por los representantes de Hidalgo, también se diluyó.

Xóchitl Gálvez demandó que se brindará la calidad de víctima a las personas afectadas directamente por la explosión y brindarles la atención prevista en la ley general de víctimas.

Los senadores priistas Miguel Osorio Chong y Nuvia Mayorga centraron su petición en que abrieran los ductos que fueron cerrados como parte de la estrategia en contra de los huachicoleros. Planteó el ex gobernante que era más económico y seguro el bombeo de combustible por ducto y así podrían abatir el desabasto.

Hasta la fecha, en la máxima tribuna del senado jamás volvieron a tocar el tema de forma extraña.

A cuenta gotas, durante este año, conocimos de sospechosas muertes en la región, presuntamente ligada al ajuste entre huachicoleros; también que ya estaban identificados los que convocaron a la gente para que llegaran a San Primitivo a recolectar gasolina que salía a borbotones de la toma clandestina; como también una queja de la CNDH, otras denuncias en la FGR y otras tantas más en la Secretaría de la Función Pública.

Este lamentable hecho que tiñó de sangre las redes sociales y los periódicos durante largos días, parece no ser suficiente para quienes siguen utilizando a las comunidades como escudo humano frente al actuar de la policía y el ejército.

Tras esta tragedia, ya nadie se puede decirse inocente o sorprendido por los huachicoleros, ya todos sabemos el alcance que tiene esa actividad y generalmente concluye sólo con la muerte.

Por ello, los lugareños deben sopesar que servir a la delincuencia organizada, tendrá más desgracia que ganancia.

Y la reflexión obligada es saber si todos, sociedad y gobierno estamos haciendo lo suficiente para corregir el rumbo de nuestras familias, de nuestras comunidades, de nuestros políticos y nuestros policías.

A un año, ya todos vimos que no pasa nada, que los cambios o modificaciones en las comunidades sólo es posible de adentro hacía afuera.

Nimiedades: Tres años duró el divorcio del gobierno estatal con Ixmiquilpan, tras el gasolinazo. La policía estatal ya recorre el municipio y el secretario de Gobierno Simón Vargas leyó la primera lectura en la misa inaugural del 250 aniversario del Señor de Jalpan, como un acto de buena fe.