Lo encontraron con una niña de 10 años desnuda dentro de su coche. Luis Alonso N, era director de recursos humanos de la Policía municipal de Puerto Vallarta. Fue acusado de corrupción de menores y abuso sexual infantil. El primer delito lo libró gracias a que el juez Jorge Luis Solís Arana consideró que la menor no experimentó placer. En la audiencia en la que el juez planteó esta ofensiva razón para no vincularlo a proceso, estaba presente la mamá de la menor.
Conversé en entrevista con Guadalupe Ramos, coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe en Defensa de los Derechos de la Mujer en Jalisco. Habló de lo grave que es el que la configuración del tipo penal no se centre en la conducta delictiva, sino en el cuerpo de la niña. Me dijo que el problema “no solamente son estas declaraciones del juez, totalmente machistas, misóginas y sexistas. Además la carpeta está muy mal integrada por la propia fiscalía, es decir, aquí hay dos entes que están incurriendo en omisiones”. Pidió revisar la actuación “de la Policía en Puerto Vallarta y del ayuntamiento de Puerto Vallarta porque podría existir una colusión de omisiones entre autoridades”.
Los delitos sexuales en contra de niñas y niños son un fenómeno creciente. De acuerdo con el Inegi, la tasa de violación de menores en México es de mil 764 por cada 100 mil. Están también los tocamientos, que afectan a cinco de cada cien. Muchos de los casos permanecen ocultos. Un menor afectado puede tardar décadas en hablar de lo ocurrido. Para entonces, el delito ya habrá prescrito y el abusador seguramente habrá lastimando a muchos otros niños. Se estima que, de cada mil casos de abuso, solo se denuncia el 10 por ciento; de esas denuncias, solo 10 llegan a juicio; de esos pocos, solo uno llega hasta el final del proceso y recibe sanción.
Según explica la misma Guadalupe Ramos, hay otro factor que hace que la impunidad sea aún mayor. Hablar de delitos sexuales no es la mejor promoción para un destino turístico, por lo que, en el caso de Puerto Vallarta, las autoridades intentan desalentar la presentación de denuncias y las pocas que se presentan no se atienden debidamente.
De acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones, alrededor de 3 millones de personas viajan por el mundo buscando encuentros sexuales con menores de edad. Los destinos elegidos por esos turistas han cambiado en los últimos años. Juan Martín Pérez García, Director de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), explica que “Tailandia fue por muchos años el paraíso del turismo sexual infantil junto con Filipinas, pero lograron cambios legales para reducir el fenómeno. Lo que pasó desde entonces es que los depredadores y pederastas buscaron países con fragilidad institucional y los encontraron en América Latina”. México tiene actualmente el segundo lugar a nivel mundial en turismo sexual infantil.
El año pasado, la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que estableció penas de hasta 30 años de prisión y 30 mil días de multa a quien promueva el turismo sexual con menores. En el Senado se presentó también en 2019 una iniciativa de ley para eliminar la prescripción del delito de violencia sexual. Pero los esfuerzos desde el legislativo no serán suficientes mientras no exista un combate integral desde varios frentes a este flagelo que afecta cada día a más niños en nuestro país.