Más que tomarlo como una falsa alarma -como la llamó el presidente López Obrador- lo ocurrido ayer en la refinería de Salamanca fue un incidente que no puede ser desestimado. El asunto no es cosa cualquiera. Hizo que se movilizaran aproximadamente 200 elementos de la Policía Federal, Ejército y Marina en toda la zona a lo largo de varias horas.

El acto intimidatorio, en el que se colocó un artefacto -hay versiones encontradas sobre si era o no explosivo- en el interior de una camioneta estacionada en el acceso 4 de la refinería Antonio M. Amor de Guanajuato, debe ser analizado con total amplitud.

Una fuente castrense confirmó a Reforma el hallazgo del artefacto: “…lo que se encontró en el interior de una camioneta sí era un explosivo que fue desactivado”. El vocero presidencial dijo a la prensa que el artefacto no resultó explosivo, mientras que la comisionada de Análisis de Seguridad del estado informó de la camioneta y señaló que en el interior del vehículo se había encontrado un artefacto explosivo.

Se confirmó que una manta fue colocada en las inmediaciones de la refinería con una amenaza directa al presidente de la República. ¿Quién está realmente detrás de este mensaje? ¿Quién busca intimidar al Presidente?

El gobierno de México ha emprendido una batalla para acabar con el enorme negocio criminal del robo de combustible. Un monstruo de mil cabezas. Por ahí cruzan todo tipo de intereses, organización delictiva y colusión en los más altos niveles. No solo se decidió cerrar los ductos, como la medida más inmediata, también se han anunciado investigaciones a través de inteligencia financiera, cuyo alcance es de pronóstico reservado.

Para empezar, se ha informado de empresas franquiciatarias de Pemex que no le compran gasolina a Pemex y que tampoco acreditan tener permisos de importación. Tendrán que explicar de dónde han sacado el combustible para vender en el mercado mexicano.

Los intereses que están siendo afectados trascienden a los operadores de piso y cárteles coludidos o en disputa de Guanajuato o cualquier otro lugar de la República. La manta en contra del Presidente decía, entre otras cosas: “Andrés Manuel López Obrador te exijo que saques a la Marina, Sedena y fuerzas federales del estado, si no te voy a empezar a matar gente inocente para que veas que esto no es juego y que en Guanajuato no los necesitamos”.

Los autores de la manta bien podrían ser los adversarios del presunto firmante: “El Sr. Marro, puro cartel de Santa Rosa de Lima”, que se están disputando la plaza; pudo ser el que puso la firma o pudo ser cualquier otro. En todo caso, la pregunta no es tanto quién armó el tinglado en Salamanca, sino si hay o no un riesgo real a la integridad del Presidente.

Las frecuentes escenas de un pueblo desbordado queriendo tocar, abrazar y estar cerca del Presidente generan sentimientos encontrados. No se puede negar que el mandatario cuenta con una enorme base social que lo acompaña y está dispuesta a protegerlo, pero también es cierto que el cuerpo del Presidente, que se entrega a la masa sin reserva, queda al alcance de cualquier mano que quisiera eliminarlo. ¿Cuántos querrían hoy que eso sucediera?

“El que lucha por la justicia no tiene nada que temer”, dijo López Obrador ayer, cuando se le preguntó si va o no a reforzar las medidas de seguridad después de lo ocurrido en Salamanca. La frase suena bien, está bien construida y produce empatía, pero todos sabemos que eso no resuelve el fondo del asunto.

No se trata de inmovilizar o aislar al Presidente, cosa que él mismo no permitiría, sino de admitir y administrar protocolos básicos de seguridad y eficiencia. No va bien que el Presidente ocupe seis o siete horas en un trayecto carretero para llegar a atender una emergencia como la de Tlahuelilpan. No va bien que el Presidente no pueda usar un helicóptero o transporte aéreo que facilite su traslado, haga más eficiente su trabajo y le permita llegar de inmediato a los lugares que necesita.

La decisión de deshacerse de lujos, excesos y costumbres abusivas de sexenios anteriores no está a debate. La gente lo celebra y reconoce, pero eso no significa que el Presidente quede desprotegido y expuesto a cualquier mano que quisiera eliminarlo. La sola idea estremece, pero estamos obligados a plantearla.

Carmen Aristegui
Agencia Reforma