Uno de los debates más intensos que ha desatado la propuesta de reforma constitucional en materia político electoral del presidente de la República es el método de selección de los consejeros electorales y de los magistrados encargados de organizar y calificar las elecciones.
Mucho hemos hablado en este Espacio Abierto sobre los riesgos de modificar nuestro sistema electoral, que luego de muchos años, muchas luchas y muchas marchas, hemos construido para contar con instituciones sólidas, consolidadas, imparciales y profesionales que permiten que nuestro sistema electoral sea un referente a nivel mundial.
Claro que nuestro modelo es mejorable, eso no está a debate, el punto es, qué mejoras, cómo lo mejoras y para qué lo mejoras. Hoy, como nunca en nuestra historia, las instituciones electorales como el Instituto Nacional Electoral (INE), los Organismos Públicos Electorales (OPLEs) y los tribunales, federal y locales, cuentan con personas profesionales probadas.
En el caso de las magistraturas, estas son electas a través de un procedimiento público que culmina con el consenso de mayoría calificada del Senado de la República, en el caso de las consejerías electorales del INE a través del procedimiento establecido en la Constitución, responsabilidad de la Cámara de Diputados federal, y que además requiere para su designación también una mayoría calificada.
Por último, para las consejerías de los OPLEs, desde 2014 estas son designadas por el INE y no por los Congresos de los estados, pero lo principal es que estas 224 consejerías locales (siete por cada entidad federativa) son producto de uno de los concursos públicos más transparentados del servicio público, que contiene etapas como un examen de conocimientos, la realización de un ensayo, la valoración curricular y una entrevista, la cual es del conocimiento público.
Lo importante del asunto es analizar porqué lo refiero: tiene que ver con resaltar que uno de los elementos que hace viable nuestro sistema electoral es el rigor técnico, el profesionalismo y, especialmente, la independencia con la que se organizan las elecciones y los mecanismos de participación ciudadana. Por eso los árbitros electorales somos electos gracias a análisis, revisiones, examinaciones y consensos propios de un estado democrático de derecho.
Trasladar esa responsabilidad tan delicada a la arena del escrutinio público a través del voto directo, representa –además de una ocurrencia– un enorme riesgo de que como árbitros se elija a las personas más populares, por encima de las más preparadas e independientes.
¿Se imaginan que en el futbol, la afición eligiera al árbitro central de cada partido? Piensen en la Copa del Mundo, que está a punto de comenzar. Partido inaugural Catar vs Ecuador y que las personas asistentes eligieran al árbitro central. ¿Les suena que resultara electo un silbante cómodo o a modo para la mayoría de la afición catarí? A mí también.
Por eso, el árbitro debe conocer las reglas del juego y aplicarlas con independencia, experiencia y rigor técnico.
En la democracia, como en el futbol, el árbitro imparcial es indispensable para un juego limpio.
