A punto de salir al mercado internacional para comprar unos 100 mil millones de pesos de medicamentos genéricos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aplana el camino y busca desaparecer a Laboratorios Pisa, el proveedor número uno de este tipo de insumos en el país. Pero mientras la afectada dice aceptar la inhabilitación por 30 meses que le impuso la Función Pública, por otro lado tiene una llave para regresar al sistema de salud, al parecer por la puerta de atrás.

La firma de Carlos Álvarez Bermejillo sabía que las anunciadas sanciones, en las que se incluye también a su distribuidora Dimesa, eran el único desenlace posible para su relación con la 4T, y que las mismas vendrían a revelarse tan solo a unas semanas de que iniciara el proceso de compra consolidada de medicamentos a través de la UNOPS, para dejarla sin posibilidad de participar en la subasta.

Las señales siempre fueron las mismas: acusaciones por irregularidades en los procesos de venta realizados desde la conferencia mañanera; imputaciones de provocar el desabasto de fármacos para niños con cáncer y la apertura de seis expedientes por presunción de corrupción vaticinaban un escenario de extinción para la farmacéutica, similar al que experimentó hace unos meses Fármacos Especializados, de Francisco Pérez Fayad.

También eran evidentes los esfuerzos que, aunque erráticos y costosos, realizaba el gobierno federal para sustituir los servicios e insumos de Pisa, con alternativas extranjeras como el argentino Laboratorio Kemex, propiedad del empresario kirchneriano Gustavo González, cuyo catálogo de fármacos —en el que se incluye el famoso Metotrexato para el tratamiento del cáncer infantil— ni siquiera tiene registro sanitario en México.

Aun en estas condiciones y de la mano de su Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico SA. de CV (Dimesa), el laboratorio mantuvo un ritmo de ventas al gobierno cercano a 10 mil millones de pesos anuales, es decir, una décima parte de lo que compra el sector Salud.

El ritmo y las tendencias se conservaron en lo que va de 2020, pues, de los 6 mil 300 millones de pesos registrados en contratos con las instituciones de salud para Laboratorios Pisa y Dimesa, hasta 97 por ciento representan ventas directas y tan sólo 184 millones en fármacos fueron asignados a la distribuidora, esto a través de solo 22 contratos de servicios, cuando en 2018 Dimesa registraba un promedio de 700 asignaciones.

Tales habilidades de adaptación serán más que necesarias ante el nuevo escenario, en el que el gobierno ha cerrado la puerta a las dos empresas visibles de la familia Álvarez Bermejillo. De ahí que ahora cobre importancia la razón social Servicios de Farmacia Prefarma SA de CV, una compañía hasta ahora de ventas minoristas a los organismos de salud, la cual acumula en los primeros dos años del gobierno de AMLO casi 2 mil 900 contratos por una cantidad superior a mil millones de pesos.

Se trata de una firma creada en 2013 bajo el nombre de DIMESA Distribuidora de Insumos para la Salud, S.A. de C.V., y que en 2016 modificó su razón social y representantes legales para desaparecer cualquier tipo de conexión con Pisa. Es una proveedora de fármacos que en el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto obtuvo 28 contratos con el sistema de salud.

La fórmula es la misma que hemos relatado en otras ocasiones en este espacio: un presidente que veta públicamente a personajes y empresas que considera símbolos del neoliberalismo, mientras un grupo de colaboradores e integrantes de su gabinete buscan la manera de mantenerlos vigentes en la Cuarta Transformación.

Mario Maldonado