Isidora (he modificado su nombre a solicitud suya) está a punto de cumplir 70 años de edad. Durante el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, inició un larguísimo proceso para tratar de obtener la Pensión para Adultos Mayores. Se fueron los meses, sin embargo, terminó el sexenio y el trámite quedó en el aire.
En 2021 Isidora decidió retomar el proceso. En julio de ese año acudió a una de las oficinas centrales de la Secretaría del Bienestar, en la calle de Lucerna, en la colonia Juárez.
Las inmensas colas que en esos días los adultos mayores debían hacer para registrarse —se llamaba Secretaría del Bienestar, pero no fue capaz de organizar el registro en condiciones adecuadas para personas a las que les es difícil si no es que imposible estar en pie durante mucho tiempo— desataron una ola de quejas en medios y redes sociales.
Con la supuesta intención de enmendar el desorden, en la oficina de Lucerna improvisaron un sistema de fichas: se entregaba a las personas un recorte de papel bond con una fecha y una hora escritas a mano. Nadie firmaba, avalaba o le daba algún viso de autoridad al papelito.
El beneficiario debía acudir a esa fecha y a esa hora, con sus documentos, a registrarse.
Isidora y otros cientos de adultos mayores se presentaron en las fechas indicadas. Les recibieron sus documentos y les entregaron un comprobante de recepción.
Se supone que los “servidores de la Nación” que llevan a cabo el proceso reciben la documentación y, al cerrar los módulos, proceden a meter los datos al sistema.
A Isidora le dijeron que el trámite podría tardar dos meses. A otros adultos les dijeron que seis. Hubo a algunos que de plano les anunciaron que podrían ser hasta ocho. Solo tenían que esperar a que alguien les llamara. O en caso contrario, “darse sus vueltas” —ya que “es un proceso que toma tiempo”.
No había por qué preocuparse, les dijeron, puesto que todos los meses de espera serían pagados de manera retroactiva. En los anuncios de la Secretaría del Bienestar y en los informes a la prensa lo reiteran: “el pago será retroactivo”.
Isidora realizó, periódicamente, largos trayectos desde su casa. “Todavía no hay nada”, le decían a cada vuelta. Le recomendaban revisar la página de la Secretaría a fin de que pudiera comprobar que había sido registrada. La respuesta era siempre la misma: “Solo hay que esperar”.
Todo parecía estar lleno de obstáculos. Unas veces había poco personal por la pandemia, luego llegaron las vacaciones decembrinas, luego la Semana Santa y más tarde la veda electoral. “Siempre había un impedimento nuevo”, relata su hija, que estuvo presente durante todo el proceso.
A cada visita escuchaban a otros, adultos llegados desde todas las alcaldías, a veces luego de un viaje de horas en transporte público, quejarse de lo mismo: “Yo traje mis papeles hace un año y nada”, “yo también me inscribí en julio y ni siquiera sé si estoy registrado o no…”.
Cuando terminó la veda —que el presidente no respetó, pero sí retrasó el trabajo de la Secretaría—, Isidora y su hija acudieron de nuevo a la oficina de Lucerna.
En esa ocasión le confirmaron que no estaba registrada. Que nunca la habían registrado, que el empleado que recibió los documentos nunca los ingresó… y que el pago que supuestamente sería retroactivo no iba a llegar, por la sencilla razón de que ella no aparecía en el sistema.
Al exigir una explicación, el argumento fue que Isidora había acudido a una oficina que no le correspondía, que la fila que debió hacer era en la que estaba situada en su alcaldía, y que en todo caso son los beneficiarios quienes “están obligados a saber a dónde deben acudir”.
Le dijeron que probablemente el acta de nacimiento era una copia de las viejas actas escritas a mano, “lo que complica mucho su lectura”.
“A muchos se las están regresando por eso”, le dijo el “servidor de la Nación”.
“¿Y por qué no me la regresaron cuando la traje?”, preguntó Isidora. “Nunca me dijeron nada sobre el acta, nunca me dijeron nada”.
Isidora dice que en los meses que pasó esperando y haciendo filas pudo constatar que cientos de adultos mayores se hallaban en el mismo caso que ella: intentando registrarse sin éxito en el programa estrella del gobierno y por supuesto, sin poder cobrar, ya nunca, un dinero que tenían derecho a recibir —y del que ya no se sabrá a dónde fue a parar.
