Existen el avión presidencial, la planta chatarra, el señor Lozoya, pero Dylan no. Para el gobierno ya no. Porque está “desaparecido”. Y a sus dos años forma parte de una estadística brutal de mil 970 niñas, niños y adolescentes que se han esfumado de la existencia de un momento a otro tan solo en este año. Un número que nos aleja de la civilización y nos instala en la barbarie. Y que, por supuesto, no refleja los inmensos dramas familiares que significan cada una de estas desapariciones. Salvo cuando alguno de ellos llega a los medios y sacude a la opinión pública.
Es el caso de Dylan, secuestrado en el mercado de San Cristóbal, Chiapas, a unos metros del puesto de su madre, una mujer indígena vendedora de frutas de 23 años, que vino a las puertas del mismísimo Palacio Nacional a implorar la ayuda del presidente López Obrador. Porque como ocurre casi siempre el tortuguismo, la ineficacia y la negligencia de autoridades municipales y estatales fracasan en el propósito fundamental: localizar urgentemente al menor y no perder el tiempo en voluminosas carpetas de investigación para “encontrar a los culpables”.
A tres semanas de su desaparición, no se tienen pistas del paradero de Dylan Esau. En cambio —en lo que se sospecha golpe mediático— fueron encontrados ahí mismo en San Cristóbal 23 menores víctimas de trata en el plano laboral que suele ser un mejor destino que la inhumana explotación sexual infantil o el infame tráfico de órganos.
Por eso y más somos una vergüenza dentro y fuera: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reclamó al gobierno de México que adopte las medidas necesarias para resolver los casos de menores desaparecidos y ponga fin a este flagelo que afecta a toda la sociedad. Desde su sede en Washington que, por cierto, preside el diplomático y abogado mexicano Joel Hernández García, expresa que “la CIDH viene monitoreando los casos de niñas, niños y adolescentes desaparecidos y observa con alarma la falta de cifras oficiales al respecto. La falta de información impone barreras a la acción del poder público, para prevenir y sancionar a los autores”.
Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los derechos de la Infancia en México, Redim, es todavía más explícito. “Creo que tenemos al menos tres problemas: uno es la fragmentación del Estado, porque el gobierno federal no se coordina con los gobiernos estatales y municipales; esta fragmentación es claramente electoral y nos lleva al segundo problema que es que no tenemos autoridades, solo candidatos buscando votos, haciendo cálculos políticos y sin importarles ni los ciudadanos ni las víctimas; el tercero y tal vez más grave es que el Estado se ha convertido en el principal cómplice del crimen; porque en este país el crimen tiene asegurado que el Estado le va a garantizar la impunidad; de cada cien expedientes de investigación, solo tres alcanzan un tipo de sentencia o proceso, mientras que 97 quedan en la impunidad”.
Así que, para una elemental justicia para nuestros niños y niñas en este país, nos falta recorrer un largo camino. El problema es que nadie quiere dar los primeros pasos. Parece que seguimos sin entender que el respeto a nuestros menores es también el respeto a nosotros mismos, como individuos y como nación.
Ricardo Rocha
