La reciente intolerancia religiosa que ha sacudido la localidad Coamila, de Huejutla, es un recordatorio doloroso de que la libertad de culto, un derecho fundamental consagrado en diversas instancias legales, aún enfrenta desafíos significativos en nuestro país.

Los hechos reportados por diversos medios de comunicación de Hidalgo son alarmantes: más de cien creyentes evangélicos fueron desterrados de su comunidad, obligados a abandonar sus hogares y buscar refugio en condiciones precarias. Se les cortó el suministro eléctrico, se destrozaron sus viviendas y se bloqueó el acceso a su lugar de culto. ¿Su delito? Profesar una fe diferente en un entorno donde algunos líderes comunitarios parecen haber olvidado el valor de la diversidad y la tolerancia.

Es especialmente preocupante que entre los afectados se encuentren menores de edad, incluso infantes. Estos niños y jóvenes, cuyos derechos deberían ser protegidos y preservados, se enfrentan ahora a una realidad desgarradora debido a la intolerancia y la discriminación.

La respuesta de las autoridades hasta el momento ha sido insuficiente. A pesar de las súplicas de los afectados, las excusas han prevalecido sobre la acción. Es inaceptable que se les diga que estas situaciones son históricas o que solo ocurren en zonas indígenas. La intolerancia religiosa no tiene cabida en ningún lugar ni en ningún momento, y es responsabilidad del gobierno asegurar que se respeten los derechos de todos los ciudadanos, independientemente de su credo o afiliación religiosa.

La libertad de culto no es un privilegio, es un derecho fundamental garantizado por múltiples instrumentos legales, tanto a nivel nacional como internacional. El artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 3 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público son claros al respecto: ninguna persona debe ser discriminada o perseguida por sus creencias religiosas.

Es hora de que las autoridades den un paso al frente y defiendan los principios de tolerancia, igualdad y libertad que son la base de una sociedad democrática y justa. La intolerancia religiosa no solo afecta a los directamente perjudicados, sino que socava los cimientos mismos de nuestra convivencia pacífica y plural. Es momento de actuar, de proteger a los vulnerables y de garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos sin temor ni discriminación.