La inseguridad en Ixmiquilpan, tiene un origen, con nombre y apellidos, la tragedia en este municipio, comenzó en el 2012, es del dominio público. Hay cuenta de ello, en ese entonces, el recién inaugurado gobierno municipal, panista, comenzó una gestión marcada por el autoritarismo y la represión, se inauguraba una nueva forma de administrar el poder.

Cipriano Charrez, presidente municipal, quien llegó al cargo gracias al impulso de Xóchitl Gálvez y de algunos liderazgos locales, mostró apenas había tocado el poder su verdadero rostro, el del ejercicio a raja tabla de lo que hasta ese momento era inédito en la administración municipal.

Arribando al poder, una de las muestras de su gestión, fue la contratación de elementos de civil que realizaron labores no solo de seguridad pública, sino de “inteligencia”, que estratégicamente se utilizaron para intimidar y hostigar a opositores y ciudadanos.

Asimismo, la seguridad pública se vio alimentada por integrantes ajenos al estado, principalmente Michoacán, que jóvenes ocuparon cargos estratégicos en el área, desde entonces, se marcó la sospecha de la relación del gobierno con organizaciones delictivas.

No solo fue un secreto a voces, era una realidad del vínculo delictivo del gobierno de ese entonces. A partir de ese momento, la descomposición social, el reinado de la fuerza se impuso como sello en el municipio.

Hoy, reducida su fuerza, pero no menor, continúa la sospecha probada de la relación delictiva. Por ejemplo, un exregidor de Michoacán, asesor en seguridad e integrante de la campaña del PT, él estuvo preso por secuestro en su estado.

Fue liberado no porque fuera inocente, sino porque se violentó el debido proceso, esa falla común de la autoridad judicial, lo que le permitió obtener su libertad. Juan Granados, fue regidor del PT en el municipio de Tarímbaro, fue detenido y estuvo preso, por el delito de secuestro agravado en contra de un empresario.

Obran antecedentes periodísticos que son un testigo del pasado de este personaje, quien ahora no solo asesora al candidato de Ixmiquilpan, también lo hace con el de Tasquillo, donde el candidato también con antecedentes penales, Marcos González, busca ser presidente municipal.

El exregidor y asesor en seguridad, también atiende temas en Tulancingo, donde los hermanos Sosa Castelán mantienen intereses políticos. Si el PT lograra obtener triunfos electorales, el sello sería algo parecido a lo que se vive en Ixmiquilpan desde el 2012.

Hoy el PT, está en una disyuntiva, su candidato al Senado, Damián Sosa, confirmó las sospechas, muchos de sus candidatos hacen campaña con un amparo bajo el brazo, no porque haya una persecución política, sino por sus delitos y antecedentes penales.