En Estados Unidos se dio a conocer el caso de una maestra de Kansas que, tras ser suspendida de la escuela en la que laboraba por no respetar la identidad de género de un estudiante trans, denunció a la institución por violar sus derechos de la Primera Enmienda y la ganó por casi 2 millones de pesos.
De acuerdo con la información recogida por diversos medios, la docente, de nombre Pamela Ricard, había sido sujeto a una suspensión en el plantel en 2021 por llamar en reiteradas ocasiones “señorita” a un hombre transgénero que había solicitado que lo llamaran por su nombre diferente, plasmado en sus documentos oficiales, y que prefería el pronombre “él”.
Por otro lado, refirieron que la maestra, de 58 años, se negó a tal petición de reconocer su identidad de género con el propósito de “mantener un lenguaje respetuoso y que, a la vez, no comprometiera las creencias de Richard”.
Según la demanda interpuesta por la docente, a pesar de que el consejero de la escuela secundaria Fort Riley le notificó sobre el cambio de género y del deseo del estudiante de ser llamado de forma distinta, “el alumno nunca lo pidió de manera directa”, además de que se aseguró que el distrito de Geary no tenía una política al respecto.
Pese a esto, Pamela Ricard fue suspendida por tres días y recibió una amonestación; por otro lado, se dio a conocer que el personal docente de la escuela en cuestión recibió una formación sobre diversidad de género y se le advirtió que quienes no respetaran los nombres y pronombres preferidos de los alumnos serían sancionados por discriminación.
Tras la suspensión, el plantel hizo unos cambios en sus políticas, en los que establecieron que no notificarían a los padres de familia el cambio de pronombres de sus hijos a menos que ellos lo pidieran; no obstante, la docente pidió una exención religiosa de aquella clausula por tener “creencias consistentes con la comprensión cristiana de la persona y el sexo biológico”.
De acuerdo con la demanda, “la señora Ricard cree que Dios creó a los seres humanos como hombres y mujeres, que esto está fijado en cada persona desde el momento de la concepción y que no pueden cambiarse independientemente de los sentimientos, deseos o preferencias de cada quien”.
Con ello, Pamela Ricard adujo que la suspensión a la que fue sujeta y las políticas internas de la escuela violaron sus derechos plasmados en la Primera Enmienda, la cual establece que ninguna ley o norma debe impedir la práctica libre de la religión, la libertad de expresión y de prensa.
Tras lo anterior, la escuela acordó pagarle a la maestra una suma de 95 mil dólares, casi 2 millones de pesos, por concepto de daños y prejuicios, además de los honorarios de sus abogados; finalmente, el caso fue desestimado por la Corte.
Redacción
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