La Unidad Especializada en Homicidios Dolosos y Narcomenudeo, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), obtuvo de un juez de control auto de vinculación a proceso para dos personas probables responsables de homicidio.
Los hechos que se investigan ocurrieron el 6 de mayo del año en curso, en una comunidad del municipio de Tecozautla, cuando dos personas identificadas como Cristina Maday “N” y Carlos Emmanuel “N” se encontraban temporalmente hospedadas en el domicilio de la víctima, quien resultó privada de la vida a consecuencia de golpes recibidos por parte de las personas antes citadas.
Al tener conocimiento de lo ocurrido esta representación social a través de la denuncia realizada, se dio inicio a la carpeta de investigación por hechos señalados por la ley como homicidio.
El agente del ministerio público encargado de dirigir las investigaciones, reunió los datos de prueba para solicitar ante la autoridad judicial la vinculación a proceso de Cristina Maday “N” y Carlos Emmanuel “N”.
Durante la audiencia inicial, el juez conocedor de la causa ponderó las pruebas aportadas por el Ministerio Público para resolver vincular a proceso a las personas imputadas por homicidio, además fijó el plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria y dictó la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.
Redacción
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Un sujeto fue vinculado a proceso por violencia familiar en Tecozautla, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.
Los hechos que fueron el motivo del inicio de una carpeta de investigación ocurrieron en Tecozautla el 18 de abril, cuando el agresor identificado como Ángel de Jesús “N”, golpeó a una persona del sexo femenino.
Tras la denuncia de la víctima, la Subprocuraduría Poniente inició con las investigaciones contra el probable, y posteriormente los presentó ante un juez de control, que concedió la vinculación a proceso.
Las medidas cautelares que el juez impuso para Ángel de Jesús “N”, es la presentación periódica ante un juzgado, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse o ciertos lugares y la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas, ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa.
El plazo otorgado para el cierre de la investigación complementaria es de tres meses.
