Redacción Criterio

El lunes pasado, México vivió un momento histórico con la toma de posesión de su primera presidenta. Un logro que, sin duda, merece reconocimiento. Sin embargo, más allá de la celebración, los problemas que enfrenta el país son serios. Según el Índice de Grandes Potencias 2024, elaborado por Ray Dalio, uno de los economistas más influyentes a nivel mundial y fundador de Bridgewater Associates, México está en una posición incómoda: algunas cosas van bien, pero en áreas clave el país está muy rezagado. El informe completo se puede consultar en <a href="https://shorturl.at/5ig5b" target="_new" rel="noopener">https://shorturl.at/5ig5b</a>. ¿Qué implica esto para el futuro? Veamos.
Lo primero que destaca es la felicidad de los mexicanos. De entre las 24 potencias del mundo incluidas en el índice, México ocupa el cuarto lugar. Parece increíble, pero a pesar de la violencia, la desigualdad y el caos político, el 92 por ciento de los mexicanos dice estar contento con su vida. Esto es algo positivo, porque una población optimista es un buen punto de partida para enfrentar los retos que vienen. Pero nadie vive solo de felicidad.
En el manejo de la deuda, México también tiene buenas notas. La deuda equivale al 76 por ciento del PIB y la mayoría está en pesos, lo cual protege al país de crisis internacionales. Aquí hay una oportunidad para Claudia: hay margen para invertir en educación, infraestructura o salud sin poner en riesgo las finanzas del país. Eso sí, es necesario hacerlo bien.
Ahora, lo malo. La educación es un desastre. México ocupa el lugar 20 en el índice. El promedio de años de escolaridad es de 9.6, por debajo de la media global de 11.7, y los resultados en las pruebas PISA son preocupantes. ¿Cómo puede el país competir en un mundo donde la tecnología y la educación son la base de la economía si no se prepara a los jóvenes? Esto no es opcional, es urgente.
La innovación es otro escollo. México está en el último lugar. No se invierte lo suficiente en investigación, no se generan patentes y el país se ha quedado atrás en un mundo que avanza a toda velocidad. Si quiere dejar de ser un maquilador global, nuestro país debe empezar a apostar por el conocimiento y la tecnología. De lo contrario, continuará atrapado en la mediocridad.
Tampoco se puede ignorar la corrupción y la mala gobernanza. México ocupa el puesto 22 en estado de derecho, lo que indica un sistema débil, plagado de ineficiencia y corrupción. Si esto no cambia, atraer mayores inversiones será un reto monumental. Nadie quiere poner su dinero en un lugar donde no se respetan las reglas y todo depende de a quién se conoce.
La presidenta Sheinbaum tiene una tarea titánica por delante. Si realmente quiere dejar una huella, debe empezar por la educación. Sin una reforma educativa profunda, el país no avanzará. Luego, debe impulsar la innovación. El gobierno tiene que crear las condiciones para que el sector privado invierta en tecnología, en nuevas empresas, en todo lo que permita a México competir globalmente. Y, finalmente, debe reducir la corrupción y fortalecer las instituciones para generar confianza en el país.
En resumen, México tiene el potencial para ser mucho más, y su futuro dependerá de las decisiones que tome la presidenta, quien tiene solo seis años para concretar los cambios que definirán el futuro del país.
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La presidenta Sheinbaum tiene una tarea  titánica por delante

La evolución del Estado, aunque menos dinámica que la de las sociedades en las que se inserta, ha sido natural en las instituciones humanas que pretendan trascender a las personas que las conformaron. Así, la creciente complejidad cuantitativa y cualitativa de las comunidades humanas ha requerido que las funciones del Estado sean cada vez más especializadas y que la coordinación entre órganos de naturaleza técnica con los de naturaleza política sea una condición necesaria para el desarrollo democrático y su proyección en el desarrollo.
La idea ilustrada de la soberanía popular como el núcleo legitimador de cualquier democracia, sin importar la forma de gobierno, y con diversos arreglos institucionales de acuerdo con la tradición histórica y la cultura de cada país, conduce a que haya autoridades encargadas de emitir normas generales y abstractas que deben ser obedecidas por la comunidad (legislan), otras que se encargan de hacer cumplir esas normas además de construir políticas públicas que atiendan los problemas y mejoren las condiciones de vida de la población (administran) y otras más que resuelven controversias, ya sea entre particulares o entre el propio gobierno y aquellos (juzgan). Estas funciones no son las únicas que se necesitan para garantizar la protección de los derechos humanos y para tender a la construcción del programa político de los pueblos; se han ido completando con otras entidades del estado, que, con sus diversos mecanismos para su conformación, lo fortalecen.
Una de las funciones esenciales del Estado que ayuda a la consecución de las demás es la fiscalización superior. No es extraño que el primer antecedente que se tiene de límites al poder absoluto de un monarca —un proto constitucionalismo en cierto sentido— haya tenido como última razón la fiscalización de los recursos, en ese caso, del reino de Inglaterra. La Carta Magna, impuesta a Juan sin Tierra en 1215 por la nobleza feudal, limitaba la autoridad del monarca sobre los bienes y las tierras, evitando confiscaciones arbitrarias, además de un incipiente control sobre sus decisiones en materia de impuestos.
Desde antes del surgimiento del Estado-nación moderno, las personas han sabido que en el control de los recursos está el límite más tangible del uso del poder. Hoy en día, la fiscalización superior es una materia altamente desarrollada, con una riqueza conceptual y práctica que se nota en todas las entidades superiores de fiscalización; esto es, órganos encargados del control externo, sean auditorías, contralorías generales, cámaras de cuentas o tribunales, alrededor del mundo.
En México, la vigilancia del uso de los recursos públicos está inscrita en un sistema de equilibrios que busca eficientar la operación del Estado, previniendo actos de discrecionalidad, ineficiencia y posibles irregularidades por parte de los funcionarios públicos. Esta labor está conferida, por mandato constitucional, a la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación, que en su carácter de órgano técnico especializado está dotado de autonomía técnica y de gestión en la fiscalización del uso de los recursos públicos federales en los tres poderes de la unión, los órganos constitucionales autónomos, los estados y municipios y, en general, cualquier operación que implique recursos públicos federales.
La función de fiscalización se ejerce conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad, por lo que las observaciones que realiza son acciones finales y las dependencias públicas están obligadas a responder por ellas. En ese entendido, las acciones estratégicas que se realizan en la Auditoría Superior de la Federación impactan en el mejoramiento de la administración pública en todas sus esferas de competencia a nivel federal, estatal y municipal, pues aporta elementos fundamentales para aumentar la calidad del gasto de los recursos presupuestales, así como transparentar y hacer pública la gestión de las entidades.
Con base en las mejores prácticas, el arduo trabajo técnico y neutral que se ha realizado en la Auditoría Superior de la Federación, se ha podido consolidar la labor de fiscalización mediante el uso de herramientas técnicas e informáticas como las tecnologías de la información y la comunicación, así como la inteligencia artificial para que se integren a las labores de auditoría, con la finalidad de facilitar el acceso y el análisis de la información, fortalecer la calidad, eficiencia y cobertura de las propias auditorías.
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Fiscalización, función esencial para todos

El pasado 1 de octubre inició un nuevo sexenio de gobierno federal en nuestro país con la toma de protesta como presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos de Claudia Sheinbaum Pardo, la primera mujer en ejercer este encargo en los prácticamente 200 años que tenemos como República, desde la promulgación de la Constitución de 1824.
El asunto no es menor, es un hecho histórico para nuestro país, con independencia de las posturas políticas que puede haber respecto de su perspectiva partidista, ya que, con su ascenso al poder, se rompe con uno de los techos de cristal más emblemáticos de las mujeres en política, que es el que una de ellas ocupara el cargo más importante en el ejercicio del poder político de nuestra nación.
Así, lejos de las posturas ideológicas, hay que resaltar este acontecimiento desde el deseo de que a la presidenta le vaya bien por dos razones principales: la primera, porque a quien sea que ostente este cargo debe irle bien para que le vaya bien al país, y en segunda, por el hecho particular de ser mujer, desearle éxito para demostrar que las mujeres claro que están preparadas para dirigir el destino de una nación eminente y tristemente machista.
Así, también el día de su toma de protesta se materializó la última determinación transitoria de la reforma constitucional en materia político electoral del año 2014, que fue la modificación de la fecha del inicio del encargo del periodo sexenal del Poder Ejecutivo Federal al 1 de octubre.
Durante los tiempos del presidencialismo mexicano, particularmente en la segunda mitad del siglo XX, este periodo iniciaba (hasta 2018), el 1 de diciembre de cada seis años. Por ello, hubo dos cambios importantes en esta reforma de 2014 respecto a las fechas, la que ya se mencionó del inicio del periodo constitucional de la Presidencia de la República, y el otro, respecto de la fecha en la que se celebra la jornada electoral en el año de elecciones, la cual pasó del primer domingo de julio, al primer domingo de junio.
Es por ello que el sexenio del expresidente López Obrador en realidad fue un periodo constitucional único de 5 años y 10 meses, ya que la reforma constitucional de 2014 lo determinó así. Por tanto, la primera presidenta de la República sí tendrá un periodo sexenal completo, que inició el 1 de octubre de 2024 y que concluirá el 30 de septiembre de 2030. Que sea para bien del país.
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Guillermo Corrales, Espacio Abierto

Inicia un nuevo sexenio presidencial  en México

Aunque parece uno de los inventos más actuales, los primeros drones o vehículos aéreos no tripulados aparecieron en la Primera Guerra Mundial y fueron utilizados para bombardeos o misiones de reconocimiento, aunque aún no contaban con un mando a distancia. Robert Neblett y Elmer Sperry lograron diseñar el Kettering Bug, que fue el precursor de los aparatos que hoy conocemos, tomando como base los diseños que elaboró Leonardo da Vinci en 1480.
Más tarde, con el desarrollo del control remoto, en 1980 el ingeniero Abraham E. Karem creó el Albatross, que se trataba también de un aparato con sistema de vuelo autónomo utilizado para labores militares. A partir del año 2000, el desarrollo de drones se expandió a muchas más aplicaciones como la fotografía aérea, la entrega de paquetes, la agricultura, la vigilancia, investigación científica, geografía, entretenimiento, etcétera.
Los vehículos aéreos no tripulados, comúnmente llamados drones, se clasifican por el uso que se le va a dar, la altitud a la que podrán volar (de 2000 pies hasta incluso poder llegar a la luna), el grado de autonomía con que funcionarán (si serán pilotadas a distancia o autónomas en su totalidad) y su peso (que van desde el nano, con un peso de aproximadamente 250 gramos, hasta llegar a superar los 150 kilos).
Según datos de Mordor Intelligence, el mercado de drones en 2024 es de 35.28 mil millones de dólares, con una perspectiva de crecimiento anual de al menos 13.90 por ciento, al menos hasta 2029. Aun cuando existen muchos retos para el mercado de los drones, como las limitaciones tecnológicas y algunas leyes y regulaciones sobre el espacio aéreo, los beneficios que se están obteniendo con este tipo de aparatos son excelentes, sobre todo porque facilitan, mejoran o disminuyen el costo de llevar a cabo actividades como poder acceder a lugares de riesgo, realizar la búsqueda de personas desaparecidas, realizar tomas aéreas que pueden ser usadas para cartografía y topografía e incluso pueden ser utilizados en desastres naturales.
En América Latina, algunas de las empresas más importantes en cuanto a fabricación de drones, que son usados en las áreas agrícola, de seguridad, vigilancia e industria son SZ DJI Technology Co. Ltd, Parrot Drone SAS, The Boeing Company, Jetwind, Autel Robotics y Hubsan.
De acuerdo con el portal informesdeexpertos, en México, el mercado de los drones, en 2023, alcanzó los 39.47 millones de dólares, estimándose un crecimiento de 35.90 por ciento anual de 2024 a 2032, esto debido al aumento en su uso, principalmente en el sector de la construcción, por lo que hace a la iniciativa privada y en las áreas de seguridad y defensa, por parte de las instituciones mexicanas.
Actualmente, los desarrolladores trabajan en drones que puedan provocar lluvia por medio de la liberación de cargas eléctricas en las nubes, buscando disminuir el problema de la sequía. También se habla del desarrollo de taxis voladores, por parte de Volocopter, una compañía alemana, que busca crear drones con capacidad para dos personas y que traslade personas de un lugar a otro como en la serie animada Los Supersónicos.
Lamentablemente el uso de drones no únicamente se utiliza para fines comerciales y económicos, en recientes fechas no dejamos de escuchar cómo esta tecnología se utiliza para fines bélicos. Actualmente en la guerra entre Ucrania y Rusia estos aparatos han sido muy socorridos de la misma manera que en la ofensiva de Israel.
No cabe duda de que los drones han venido a transformar el dominio del cielo.
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El dominio del cielo

Federico Escamilla

Portada SOS 18 de septiembre 2018