“El fanatismo viene de cualquier forma de ceguera elegida que acompaña la defensa de un solo dogma”.
John Berger
Hay una enorme emotividad en el ambiente. “Es un ecocidio”, corean los activistas. No hay nada que pensar o estudiar, sólo castigar. Quien diga lo contrario está vendido.
El caso de Tajamar, sin embargo, es más complejo de lo que sugieren los gritos. Tiene que ver, por una parte, con la certeza que debe proporcionar la ley. Lleva a discutir si es correcto que una ley se aplique de forma retroactiva. ¿Pueden los inversionistas confiar en las autorizaciones ambientales otorgadas por las autoridades de nuestro país? Otro tema en la mesa es qué tan buena es la legislación ecológica de nuestro país.
A simple vista el proyecto de Tajamar parece legal. Fonatur cumplió con su mandato de promover el desarrollo turístico y Semarnat otorgó una autorización para el desarrollo del predio en 2005. La ley cambió en 2007, pero el permiso mantiene su vigencia. La aplicación retroactiva de la ley violaría un principio fundamental: las leyes se hacen para regir el comportamiento futuro, no para castigar lo ya hecho.
Algunos activistas afirman que la autorización de la Semarnat fue ilegal porque Fonatur mintió en la información que sometió a la secretaría. Si esto fuera cierto habría posibles implicaciones penales. Si hubo algún acto de corrupción para obtener la autorización de Semarnat, también se podría proceder penalmente contra los involucrados. Pero habrá que ver las pruebas. Las denuncias hasta ahora parecen más motivadas por propósitos políticos que por el deseo de defender el ambiente.
Los manglares tienen una función ecológica muy importante. El biólogo Antonio Lot Helguera, del Instituto de Biología de la UNAM, señala que “es un error modificar o devastar las franjas de manglar a lo largo de los litorales. Los manglares son una barrera contra los huracanes y tormentas tropicales. [El manglar] detiene en buena medida la fuerza del viento e impide que golpee con la misma potencia kilómetros adentro. Además, [los manglares] tienen una función esencial en la conservación y preservación de la biodiversidad, así como en el mantenimiento de la salud del litoral. Ahí se capta CO2 (dióxido de carbono) y así se contribuye a evitar el calentamiento global. Los humedales, con permanencia de agua a lo largo del año, no son sitios recomendables para desarrollos urbanos; son zonas que se inundan por el tipo del subsuelo.” Ésta es la filosofía detrás de las modificaciones de 2007 a la legislación ambiental y en particular a la Ley General de Vida Silvestre, que junto con la Norma Oficial Mexicana 059 prohíben cualquier desarrollo en manglares. Esta legislación, de hecho, habría impedido el desarrollo de Cancún y la Riviera Maya, ya que toda la zona es de mangles.
Algunos empresarios y especialistas consideran que la legislación ha frenado el desarrollo económico en las zonas costeras y han condenado a numerosas comunidades a vivir una pobreza permanente. Hay formas de construcción y desarrollo económico, dicen, congruentes con la conservación de los manglares. De hecho, desde hace años se viene discutiendo ya en el Congreso la posibilidad de suavizar la legislación.
Pero el tema no se puede resolver con posturas dogmáticas y llamados a linchamientos. Lo primero es definir si se violó o no la ley. Un segundo punto es saber si la actual prohibición a rajatabla del desarrollo en los manglares es correcta, o sólo una postura fundamentalista que condena a miles a vivir en la miseria.
Punto brillante
En medio del desplome de acciones y petróleo y las fugas de capitales de este inicio de año, “un mercado emergente sigue todavía en pie: México”. Esto lo dijo ayer el Financial Times que señaló que nuestro país se está separando de otros mercados emergentes. Ya se hizo una oferta pública de acciones y se colocaron bonos soberanos por 2 mil 250 millones de dólares. “¿Dónde más van a ir los capitales?” cita el artículo a un ejecutivo de Black Rock. “México es un punto brillante.
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